Distancia entre la ley y la realidad
En los últimos días, la Asamblea Nacional ha aprobado dos leyes que, a primera vista, abordan necesidades reales: incluir la psicoeducación en el sistema educativo para prevenir problemas de salud mental e incorporar la educación financiera desde los niveles iniciales hasta los superiores.
Ambas iniciativas parecen acertadas. Hoy en día, la salud mental es una preocupación cada vez mayor, sobre todo entre niños y adolescentes. Por otro lado, en una sociedad donde el endeudamiento, la falta de planificación y el consumo excesivo afectan a miles de hogares, la educación financiera resulta clave. En teoría, se trata de avances importantes.
No obstante, la cuestión de fondo es otra: ¿basta con aprobar una ley para transformar la realidad? La experiencia demuestra que no. El Ecuador ha sido, a lo largo de los años, un país prolífico en normas, pero limitado en su aplicación. Las leyes, cuando existen los votos suficientes, son aprobadas con rapidez y entre aplausos; sin embargo, la falta de recursos, planificación y seguimiento suele dejarlas con escasas posibilidades de implementación.
En el caso de la psicoeducación, surgen interrogantes inevitables. ¿Quiénes impartirán estos contenidos? ¿Están preparados los docentes? ¿Existen profesionales suficientes para sostener un acompañamiento real? La salud mental no se resuelve con una asignatura: requiere políticas públicas integrales, atención especializada, sistemas de educación y salud fortalecidos… ámbitos en los que el país presenta debilidades notorias.
Algo similar ocurre con la educación financiera. Incluirla en el currículo es un paso, pero insuficiente. ¿Qué sucede con quienes ya finalizaron su formación académica? ¿Y con quienes nunca accedieron al sistema educativo? Si se busca un impacto real, no basta con incorporar una materia ni limitar la formación a las aulas.
Entretanto, hay reformas urgentes que siguen sin ser abordadas. Por citar un caso, el sistema electoral ecuatoriano necesita una revisión profunda: la proliferación de partidos y movimientos políticos, la baja exigencia para los candidatos y la dispersión del voto afectan directamente la calidad de quienes llegan al poder. Sobre estos temas, el silencio legislativo resulta ensordecedor.
Dictar normas es una parte de las funciones de la Asamblea, pero no es suficiente. El país necesita menos leyes simbólicas y más reformas estructurales. Legislar sobre lo importante y evitar lo urgente conduce a una política que administra problemas en lugar de resolverlos. (O)
