Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de Educación Financiera
La educación financiera no es un concepto nuevo. Desde hace varios años, países como Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica la han venido incorporando en sus sistemas educativos. Organismos como el BID y la CAF la han promovido en la región como un instrumento eficaz para mejorar la inclusión financiera. Incluso, el propio Ministerio de Educación ha incorporado, por decisión de este y de anteriores gobiernos, componentes de educación financiera en el currículo. Lo que ha hecho la Comisión de Educación, presidida por la asambleísta tungurahuense Cecilia Baltazar, es asegurar que la educación financiera se consolide como una política de Estado, con continuidad hasta el nivel de educación superior, e involucrar además al sector financiero para que apoye programas de capacitación no formal dirigidos a la población que se encuentra fuera del sistema educativo.
La Ley Orgánica de Educación Financiera busca incorporar este componente de manera transversal en el sistema educativo y fortalecer la formación ciudadana para la gestión responsable de los recursos, el ahorro, la inversión y la prevención del sobreendeudamiento. La norma articula la educación formal y no formal con enfoque de género, interculturalidad, pertinencia territorial y atención prioritaria a grupos vulnerables, pueblos y nacionalidades.
Durante su construcción legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales recibió observaciones y aportes de instituciones y especialistas, entre ellos el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bancos, expertos en derecho bancario y bursátil, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
En el ámbito de la educación formal, la ley dispone la incorporación progresiva y transversal de contenidos de educación financiera en los distintos niveles del sistema educativo, incluyendo la formación y actualización docente, el desarrollo de materiales pertinentes y la coordinación entre las autoridades de educación y de educación superior. En la educación no formal, reconoce el rol de la banca pública y privada, así como de las entidades del sector financiero popular y solidario, que deberán desarrollar programas de capacitación y educación financiera, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria y en las personas adultas mayores.
La ley también prevé mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar su aplicación efectiva. En el ámbito de la educación no formal, el ente rector de la política financiera y monetaria deberá establecer instrumentos de evaluación y seguimiento de las acciones, iniciativas y programas que se ejecuten en el país. Además, la política pública de educación financiera será evaluada cada tres años con base en el cumplimiento de sus objetivos, los resultados obtenidos a nivel nacional y las mejores prácticas internacionales, a fin de introducir los ajustes que resulten necesarios.
Baltazar como presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, lideró durante meses la discusión del proyecto, articuló aportes técnicos de expertos e instituciones y condujo su tratamiento legislativo hasta hacer posible esta ley. Su participación también fue protagónica en el Pleno, como asambleísta ponente y defensora de una propuesta orientada a combatir el analfabetismo financiero y fortalecer la inclusión económica de la ciudadanía. (I)
