Moradores de Totoras levantaron su voz
La mañana de ayer, ciudadanos de la parroquia Totoras realizaron un plantón y cerraron las instalaciones de la Tenencia Política y Gobierno Parroquial, como medida de protesta ante el incremento de hechos violentos en la zona.
Los manifestantes exigieron una respuesta inmediata de la Gobernación de Tungurahua y una mayor presencia de la Policía Nacional.
En el lugar, Roberto Gavilanes, jefe del Distrito Ambato Sur, explicó que la inconformidad ciudadana nace de la preocupación por la inseguridad de los últimos días.
Gavilanes señaló que, aunque la policía mantiene una oficina de atención ciudadana en la parroquia desde hace dos años, existen limitaciones físicas y de personal que impiden establecer un cuartel con un contingente mayor.
Actualmente, la seguridad de Totoras depende del circuito Huachi Grande, el cual, según el jefe policial, es extenso y cuenta con un talento humano limitado para cubrir la zona como desearían.
Juan Flores, representante de las «Fuerzas Vivas» de la parroquia, denunció que en apenas las dos primeras semanas del 2026 ya se han registrado tres muertes violentas y varios heridos en la zona.
Los manifestantes exigen un plan de seguridad concreto y mayor presencia de efectivos militares y policiales, señalando que la parroquia es un eje conector estratégico entre la Sierra Centro y el Oriente ecuatoriano que carece de controles.
El malestar de la comunidad escaló tras el presunto desplante de la Gobernadora, quien, según Flores, no asistió a una reunión convocada el pasado lunes.
«Es la resistencia de un pueblo indignado ante la inseguridad», afirmó el dirigente, quien también criticó que las autoridades designadas para la parroquia no conocen el territorio, al ser delegaciones temporales o de otras zonas.
Entre las demandas principales: está la declaratoria de emergencia ante el aumento de sicariatos y muertes violentas, que las autoridades sean de la propia parroquia que conozca las necesidades de los 23 barrios y rechazaron el actual modelo de gestión que los dejó sin una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) operativa las 24 horas, contando solo con personal administrativo en horario de oficina.
Ante el problema, el jefe político de Ambato, Jaime Palacios, llegó al lugar como portavoz de la Gobernación de Tungurahua y enfatizó que la intención de la administración no es ofrecer «palabras bonitas» para calmar los ánimos de forma temporal, sino establecer compromisos reales que eviten el resurgimiento de protestas en el corto plazo.
«Para nosotros no es fácil decirles dos o tres palabras para contentarles y que en una semana volvamos a tener estos movimientos», señaló la autoridad.
La nota discordante de la jornada fue la mención a la reunión fallida del pasado lunes. Según el funcionario, ese espacio estaba destinado a entender a profundidad las demandas en todos los niveles y comenzar a diseñar alternativas viables. (I)
