Colectivo impulsa ordenanza
El colectivo Ana de Peralta, liderado por Gina Vázquez, ha concentrado sus metas en la presentación de una ordenanza municipal ante la Comisión de Género del GAD Municipalidad de Ambato. Esta normativa busca establecer un marco legal que faculte directamente al municipio para la prevención del incesto en la provincia de Tungurahua.
Según confirmó Gina Vázquez, representante del colectivo, esta propuesta se encuentra actualmente en fase de análisis por parte de la municipalidad. El objetivo es que la ordenanza se convierta en una política pública ejecutable, vinculando su aplicación con el trabajo coordinado del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos (CCPDA) y la Junta Cantonal, asegurando una estrategia integral contra la violencia intrafamiliar.
La representante subrayó que para que esta ordenanza sea factible y sostenible, el colectivo ha solicitado la asignación de un recurso financiero claro. Se ha propuesto que este monto ascienda al dos por ciento del presupuesto pertinente. Este requerimiento económico es crucial para garantizar que la política municipal pueda implementarse de manera efectiva y perdurar en el tiempo, más allá de los cambios administrativos.
Si bien la ordenanza es el foco, el colectivo ha mantenido otras actividades fundamentales. Durante dos años, en colaboración con la Fundación Desafío, han trabajado en generar conciencia y establecer políticas de protección. Esta labor incluye la participación continua en mesas técnicas con entidades clave como Educación, Salud y la Defensoría Pública, abordando la complejidad de la problemática de manera multisectorial.
Otro pilar esencial ha sido la capacitación y sensibilización en el sistema educativo. El colectivo logró ingresar a varias unidades educativas, como la escuela Darío Guevara y la César Augusto Salazar, donde trabajaron con alumnos, psicólogos y padres de familia. El enfoque principal es la erradicación del tabú que rodea al incesto, definido como la violencia sexual en el entorno familiar.
Vázquez enfatizó la necesidad de que los padres de familia se empoderen y adquieran las herramientas necesarias para identificar y nombrar esta forma de violencia, que históricamente ha sido silenciada en el seno familiar. Romper este silencio es un paso esencial que complementa el esfuerzo de la ordenanza.
Finalmente, la activista dirigió un llamado urgente a la sociedad y a las instituciones públicas para que demuestren una mayor sensibilidad y empatía ante las denuncias presentadas por las víctimas. Subrayó que la falta de comprensión o la insensibilidad de los funcionarios a menudo desincentiva a las víctimas a seguir los procesos de justicia y reparación.
Las organizaciones sociales, como el colectivo Ana de Peralta, han demostrado que la clave del avance reside en no quedarse calladas y en exigir un cambio real tanto en la legislación local como en la respuesta social e institucional. (I)
