Arroz verde / Mario Fernando Barona

Columnistas, Opinión



Definitivamente en no pocas ocasiones, he hablado en este espacio de otras cosas que no sean corrupción política, y usted lo sabe, pero muchas veces las circunstancias obligan a hacerlo. Cuánto quisiera en mis columnas resaltar, por ejemplo, lo positivo de un gobierno (que sí se lo ha hecho, incluso con el mismo correísmo), pero lastimosamente en el Ecuador es más la pestilente cloaca de inmundicias que una verde y floreciente pradera a la hora de administrar la cosa pública. Por eso, callar, darle la espalda a las denuncias o hacerse de la vista gorda es simplemente hacerles el juego a los corruptos e implícitamente permitir que se nos sigan burlando.

Justo por todo aquello, hoy nuevamente me es imposible evitar hablar de un nuevo escándalo que acaba de salir a la luz gracias -otra vez- al trabajo independiente de periodistas serios como Fernando Villavicencio y Christian Zurita, el caso “Arroz Verde 502” que revelaría aportes por $ 11,6 millones de dólares de un total de $ 14,1 millones proyectados a la campaña electoral del binomio Rafael Correa – Jorge Glas y la lista de asambleístas y autoridades de gobiernos locales del oficialismo en el 2013. El caso es que, como suele ocurrir con todo lo ilegal, estos aportes tenían un sistema de códigos secretos que identifican a empresas contratistas del Estado nacionales y transnacionales (entre ellas Odebrecht), y a los más altos representantes de Alianza PAÍS, pretendiendo así burlar la enorme cantidad de recursos chuecos que llegaban a sus bolsillos.

Una de las cabezas principales, y de mucha confianza de Correa, fue su asesora, la Dra. Pamela Martínez, quien habría tenido a su cargo el manejo de toda esta red de corrupción, y que ahora es investigada por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias gracias a la oportuna orden de prisión preventiva dictada por la Fiscal Diana Salazar que permitió apresarla en el aeropuerto, justo en el momento que pretendía huir del país, además también de allanar siete inmuebles de esta presunta estructura ilegal que cobraba “aportes partidistas” mediante un intrincado sistema de recaudación en efectivo y cruce de facturas.

Esta vez no pudo huir otra de las funcionarias del correísmo, en buena hora, pero siguen siendo peces chicos, los grandes rompen redes, dicen. Es que acaso, como señala Carlos Vera ¿ese es el acuerdo, ese el juego?

Con todo esto y lo que aún está por venir ¿todavía cree que la estructura correísta no es delincuencia organizada? (O)

mariofernandobarona@gmail.com

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