Revoluciones y revolucionarios / Fausto A. Díaz López
Cuando hablamos de revolución, entendemos como la transformación radical de las estructuras administrativas, sociales y de propiedad de bienes particulares que son traspasados al Estado. Según el diccionario filosófico, Rosenthal – IUDIN: “La revolución social tiene como objetivo primordial el derrocamiento y reemplazo del régimen imperante al que consideran caduco y debe ser reemplazado por otro, cuyo dogma imponga los lineamientos del nuevo gobierno”.
El problema que afronta toda revolución, es la transferencia del poder político que según los teóricos debe pasar a manos de los revolucionarios; situación que desata una encarnizada lucha de clases en la cual muchas de las veces se alzan con el triunfo, audaces que convierten a su pueblo en miserable proveedor de privilegios al líder y sus acólitos. En América Latina, se han producido varios cuartelazos que han sido calificados por sus gestores como “revoluciones” y cuya única finalidad ha sido tomarse el poder. Estos conjuros, han constituido para algunos países un verdadero fiasco, porque ha conducido a esos pueblos a un completo descalabro económico, social y moral.
¿Ejemplos? Ahí tenemos a los Ortega – marido y mujer – apropiados de Nicaragua, imponiendo al pueblo su voluntad omnímoda; a los Castro, que fungen como propietarios de la isla de Cuba, que pese a que su revolución fue en 1959 no tiene un despegue económico; y, su presupuesto ha debido ser auxiliado por la URSS y luego por Venezuela hasta la presente fecha. ¿Y qué podemos decir de Venezuela? Este país, considerado el más rico del continente, ahora en manos de una gavilla de “revolucionarios” se halla sumido en la más tremenda indigencia social, económica y moral. Esta situación ha causado el mayor desbande de ciudadanos hacia países vecinos, en busca de un mendrugo que aplaque su hambre y un centro médico que auxilie sus quebrantos de salud.
¿Y qué podemos decir de la Revolución Ciudadana? Francisco Rosales Ramos en un artículo de opinión publicado en El Comercio el 28 de marzo de 2018 bajo el título de: “Obesidad Mórbida”, expone lo siguiente: “entre el 2006 y el 2014 el gasto público pasó del 21 % al 44 %, lo cual es demencial” y continua, “el gobierno central tiene 23 ministerios y 12 secretarías de nivel ministerial. Existen 30 viceministros y 95 subsecretarios. Por lo tanto, solamente contando, ministros, viceministros y subsecretarios hay 160 funcionarios que perciben remuneraciones 10 o 15 veces el salario mínimo unificado y que tienen a su servicio: despachos, asesores, secretarias, asistentes, vehículos, choferes, celulares y guardias de seguridad que multiplican exponencialmente el gasto”. El grave problema que afronta ahora el país, tiene su origen en esa acromegalia estatal heredada de la “década perdida”, alimentada por el clientelismo político, que su sucesor se siente incapaz de destrabar.
