Uso progresivo de la fuerza / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión

La inseguridad es un tema que divide la opinión pública a la hora de hablar sobre la vigencia de los derechos humanos y el uso progresivo de la fuerza en la lucha contra la delincuencia.  

La policía nunca dejará de ser sujeto de aplausos e insultos, ya sea que actúe con rigidez, delicadeza o inacción. El 19 de enero del 2019, un hombre tomó como rehén a una mujer embarazada en la ciudad de Ibarra y después de largos forcejeos el hecho terminó de forma trágica. La particularidad del caso fue el quietismo de los miembros de la policía, quienes hicieron poco o nada para evitar el crimen. La indignación ciudadana no se hizo esperar. Los servidores policiales fueron acusados de irresponsabilidad e incompetencia. Esto abrió una importante discusión sobre los límites en el uso de la fuerza. 

El oficial encargado de aquel operativo, frente a la comisión legislativa de Soberanía de la Asamblea Nacional, defendió la actuación policial, afirmando que se trató de un hecho atípico y que el personal que acudió a la emergencia era preventivo y de investigación, mas no de socorro, por esta razón solamente se persuadió al agresor, durante 90 minutos. Producto del asesinato hay dos menores de edad llorando la muerte de su madre. Cuando la persuasión no fue suficiente, los policías deben hacer algo más. 

El otro lado de la moneda se presentó el miércoles de la semana en curso. En circunstancias opuestas al caso de Ibarra. Un servidor policial fue condenado a más de tres años de prisión, por abatir a dos presuntos delincuentes, sorprendidos asaltando a un adolescente en Riobamba. Según la Fiscalía, el uniformado se extralimitó en la ejecución de un acto de servicio. 

La noticia indigna a la ciudadanía. En medio de la inseguridad que vive el Ecuador, se desaprueba de forma casi generalizada la actuación de los jueces que condenaron al policía. 

Las situaciones que ponen en peligro a los ciudadanos son múltiples. El Estado está obligado a garantizar la seguridad y mantener el orden público. El uso de la fuerza es una facultad necesaria y legítima, siempre que sea proporcional al nivel de resistencia de los agresores y al peligro al que están expuestos los agredidos y sus defensores. De no ser así, terminarán imponiéndose la anarquía, la violencia, la desconfianza en las instituciones encargadas de administrar la justicia o la indiferencia entre los gendarmes que no quieren meterse en problemas.

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