Un año después del paro indígena hay 166 causas abiertas
Entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, Ecuador enfrentó una paralización de 31 días. La medida gubernamental de eliminar el subsidio al diésel provocó movilizaciones sociales, concentradas principalmente en Imbabura y Pichincha, con cierres viales y fuertes enfrentamientos.
Las manifestaciones dejaron un saldo de tres personas fallecidas, decenas de heridos entre civiles y uniformados, y pérdidas económicas estimadas en $ 100 millones solo en Imbabura. La crisis obligó al Gobierno a decretar estados de excepción y trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo de Quito a Latacunga.
El informe de la Fiscalía señala que el 79,5% de estos casos, con 132 expedientes, continúa bajo reserva legal. Es decir, las investigaciones se mantienen en etapa previa, en la que los investigadores recaban indicios antes de formular cargos a los sospechosos.
Las causas concluidas suman 21, de las cuales solo una terminó con sentencia condenatoria: proceso por daño a bien ajeno en Pichincha. En nueve procesos se ratificó la inocencia de los procesados y en cinco los sospechosos fueron sobreseídos antes del juicio. Además, cinco casos fueron archivados y en uno la causa se extinguió.
Además de los 132 casos en investigación previa, solo 13 procesos continúan en trámite. En siete de estos ya se solicitó el archivo y solo resta la validación del juez. Además, hay cuatro con dictamen abstentivo, es decir, la Fiscalía no acusó y se espera un sobreseimiento.
Solo un caso por ataque o resistencia en Sucumbíos tiene un dictamen acusatorio que será debatido en la audiencia preparatoria de juicio. Y otro por paralización de un servicio público en Pichincha se mantiene en instrucción fiscal, es decir, en la etapa investigativa tras la formulación de cargos.
Justamente el delito de paralización de un servicio público, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, es la infracción con mayor cantidad de registros. Este delito, sancionado con penas de uno a tres años de cárcel, abarca 90 causas (54,2% del total).
El delito de daño a bien ajeno registra 15 investigaciones. Por su parte, las denuncias contra agentes de la fuerza pública por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio suman 10 causas a escala nacional.
Mientras que las causas iniciadas por delitos cometidos en el contexto de la protesta incluyen 11 investigaciones por secuestro, nueve por instigación, seis por robo, cinco por terrorismo, cuatro por ataque o resistencia y tres por incitación a la discordia. (I)
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