Testigo revela supuesta orden para eliminar glosa

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El caso Celu, la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el desvanecimiento de una glosa multimillonaria a una operadora de telefonía celular, en la Contraloría General del Estado (CGE), ha tomado un nuevo impulso.

El escenario cambió tras la captura de Luis Miño, exdirector de Responsabilidades de la CGE, quien accedió a colaborar con la Fiscalía General del Estado. El pasado 1 de diciembre de 2025, el exfuncionario que se encontraba prófugo, rindió un testimonio anticipado.

Ante las autoridades, Miño ofreció un relato directo sobre cómo se habría ejecutado el desvanecimiento de una millonaria glosa, supuestamente por orden directa del entonces contralor general, Pablo Celi, quien actualmente está sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Las Torres. El caso Celu también involucra al testigo.

En su declaración, Luis Miño aseguró que el pasado 28 de junio de 2019, Celi lo convocó a su despacho en la sede de la Contraloría, en Quito. En la reunión, donde se encontraban presentes otras autoridades del ente de control, el contralor le habría dispuesto de forma inmediata y verbal que llevara el expediente de la responsabilidad civil relacionada con una operadora de telefonía.

El exdirector de Responsabilidades afirmó que el entonces Contralor ordenó el desvanecimiento inmediato de la glosa, cuyo monto ascendía a más de $ 111 millones.

Miño señaló que, en ese encuentro, los auditores y los subcontralores presentes presuntamente habían llegado al acuerdo de que se debía establecer que no existía un perjuicio económico para el Estado por parte de la empresa. En consecuencia, se debía emitir de manera urgente una resolución que eliminara la responsabilidad civil predeterminada.

El exdirector de Responsabilidades relató que el entonces Contralor solicitó que esta gestión se llevara a cabo «en la mayor brevedad posible». Miño admitió que, debido a la premura en la que se le exigió actuar, no tuvo la oportunidad de revisar de manera exhaustiva el informe técnico que se utilizaba como fundamento para la decisión de desvanecer la glosa.

A pesar de no haberlo revisado, el testigo indicó ante la justicia que él «sumilló como revisado, en calidad de Director de Responsabilidades», junto a Hans C., quien fungía como administrador de Resoluciones Civiles en la misma Dirección de Responsabilidades.

Finalmente, la resolución fue firmada por el contralor Celi, relató Miño.

El exfuncionario también expresó en su testimonio el temor que sintió ante las consecuencias que se derivarían si se negaba a acatar la orden de desvanecimiento de la glosa. Manifestó que la propia institución podía gestionar la supresión de su partida laboral, lo que implicaba una amenaza directa a su estabilidad y permanencia en la CGE.(I)

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