Sin libertad religiosa no hay democracia
El Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dio a conocer que les parece correcto que la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, luego de la reacción y presión de la sociedad, haya decidido archivar el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, presentado por un grupo de asambleístas que, incluso, ha difundido información falsa sobre la Iglesia Católica del Ecuador.
Toda norma jurídica que garantice el libre ejercicio de la fe religiosa es en sí misma loable y merece una atención responsable. El problema se presenta cuando una ley atenta contra aquello que quiere defender, la libertad y la igualdad, y más aún cuando sus defensores utilizan epítetos y calificativos, en este caso, a una tradición religiosa determinada, el catolicismo.
No sólo que expresaban su desconocimiento jurídico (las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado ecuatoriano se rigen desde 1937 por el Modus Vivendi, un acuerdo de carácter internacional) sino su negación de la realidad.
Lo sucedido en la presentación de dicho proyecto de ley agredía y violentaba los derechos del 70% de ciudadanos ecuatorianos que se confiesan católicos. ¿Ser católico es un delito? ¿Los católicos merecemos ese trato agresivo y despectivo? ¿Por qué no fuimos invitados a participar en el trabajo de elaboración de este proyecto de ley? ¿Es esa una actitud democrática?
El catolicismo no sólo es la religión mayoritaria en este país, sino que gran parte de nuestra riqueza cultural y de nuestra identidad ecuatoriana está ligada a la fe católica. No solamente como una pieza de museo que hay que encerrar en una vitrina sino como una manera concreta de restaurar el tejido social y de abrir oportunidades a tantos niños y niñas, adolescentes, jóvenes, enfermos, ancianos, madres violentadas, que recuperan su dignidad y sus sueños gracias a la acción pastoral de la Iglesia Católica.
No sólo que es una de las instituciones con el mayor índice de credibilidad en nuestra sociedad, sino que, en los momentos más conflictivos de la vida política, desde la vuelta a la democracia, hemos contribuido a la paz, al diálogo y a la reconciliación en nuestro país de manera decisiva; cuando nadie quería “perder”, nosotros hemos “dado la cara”.
La fe cristiana no se vive únicamente en la esfera privada, tiene un dimensión social y pública irrenunciable. Quizá por eso, lastimosamente, hay personas y grupos a los que nuestra acción y nuestra voz molesta tanto.El contenido de este proyecto de ley, en caso de que se vuelva a presentar, tarde o temprano, violentará no sólo los derechos de la mayoría, sino también de las minorías.
Los juristas de todas partes, los ciudadanos de a pie, y los fieles de toda religión, leyendo el proyecto de ley han quedado escandalizados de que se pueda presentar un proyecto tan malintencionado, deficiente, sectario, peligroso e inconstitucional. Agradecemos a todos quiénes desde la misma Asamblea, y desde distintos espacios, han manifestado su indignación y rechazo en estos días, y han obligado al archivo de la misma.
La laicidad significa, tal como lo señala la Constitución Política, que el estado reconoce a la expresión y propuesta religiosa como un “derecho” que es garantizado y protegido, además señala que es su obligación “favorecer” un ambiente propicio para el ejercicio de este derecho.
De ninguna manera, la laicidad significa que el estado deba limitar el accionar de las organizaciones religiosas, o establecer un régimen de sanciones para quienes manifiesten mensajes contrarios al poder de turno, o imponer creencias ajenas a sus propias creencias como la ideología de género, o crear instituciones de control y rectoría, o pasar de un sistema de registro a uno de aprobación estatal, o determinar las reglas de liderazgo y sucesión.
Esta pretensión solo refleja el deseo de imponer un control ideológico contrario a la autonomía de las religiones, que han sido, desde siempre, el último refugio de libertad, incluso bajo regímenes totalitarios, donde la defensa de la vida, la libertad y la justicia es vista como una ofensa y una amenaza.
El estado tiene el deber de reconocer, respetar, proteger y garantizar la libertad religiosa, como instrumento para fortalecer la democracia y la misma sociedad, debido a que ésta favorece una mayor participación de la ciudadanía y ayuda a superar prejuicios ideológicos e injustificadas limitaciones, en un ambiente de confianza y colaboración entre todos. El Ecuador sabe que cuenta con la Iglesia Católica para que la amistad civil y la fraternidad social, tan anheladas por el Papa Francisco, se hagan realidad. (I)
