Piden amnistía para más de 200 policías y militares

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En octubre del 2019 las protestas escalaron a enfrentamientos con la fuerza pública. (Foto EFE)

Quito, (EFE).- Después de las amnistías otorgadas en Ecuador a 268 personas procesadas por diferentes protestas, la Asociación de Generales de la Policía Nacional reclama el mismo trato para más de 200 policías y militares señalados por presuntos excesos durante los disturbios que vivió el país en octubre de 2019.

«Buscamos el mismo tratamiento de las 268 personas que fueron amnistiadas y cuyos procesos han terminado. Algunos estamos en proceso, otros en investigación, otros aún vendrán», explicó a Efe el general en servicio pasivo de la Policía Nacional Alfonso Camacho, quien preside esa Asociación que integran 126 oficiales.

El pasado viernes encabezó una delegación que solicitó a la Asamblea Nacional (Parlamento) que considerara amnistiar a uniformados policiales y miembros de las Fuerzas Armadas procesados o que pudieran serlo en el futuro, en relación con las violentas manifestaciones que tuvieron que aplacar en 2019.

A la espera de poder localizar a todos los miembros de las fuerzas de seguridad en situación parecida, Camacho contabiliza hasta la fecha más de 200 casos claros o en trámite, pero no descarta solicitar «otra amnistía, que debe ser general, para los 53.000 policías que intervinimos en todo el país».

La Asamblea Nacional resolvió el pasado 10 marzo otorgar amnistías a investigados y sentenciados, de los que 60 fueron procesados por supuestos delitos cometidos en las movilizaciones de 2019, 153 por estar involucrados en protestas por territorios comunitarios, 43 identificados como defensores ambientales y una docena por administrar justicia indígena.

Entre los beneficiarios de esas amnistías figuraron Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), entidad que canalizó las protestas de 2019, así como la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, leal al expresidente Rafael Correa (2007-2017), además de varios «defensores del agua».

La decisión provocó un agrio debate en torno a dos visiones enfrentadas: para unos, los amnistiados son defensores criminalizados, mientras que para otros, son procesados por cometer actos violentos.(I)

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