Perdió despierto, pero insiste en gobernar dormido
El deporte ecuatoriano atraviesa un momento delicado que exige responsabilidad, mesura y respeto a la institucionalidad. Las recientes actuaciones del viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, orientadas a desconocer a la dirigencia legítimamente electa del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), abren un debate necesario sobre el perfil, la ética y los límites del ejercicio del poder público en el sistema deportivo nacional.
Un viceministro del Deporte no es únicamente un administrador de trámites. Es un funcionario llamado a comprender el deporte como política pública, como derecho ciudadano y como representación del país ante el mundo. Por ello, el cargo demanda formación profesional especializada en gestión deportiva, conocimiento del entramado institucional y respeto irrestricto a la normativa vigente. Del mismo modo que en educación se privilegia la experiencia en gestión educativa, el deporte requiere autoridades con preparación técnica en actividad física, recreación y administración deportiva.
La ética profesional constituye un pilar esencial del servicio público. Aceptar los resultados de procesos democráticos y actuar con imparcialidad es parte de esa ética. Resulta preocupante que, tras haber reconocido en su momento una derrota electoral, hoy se intente reabrir ese proceso desde una posición de poder, recurriendo a cuestionamientos jurídicos que ya han sido resueltos en instancias nacionales e internacionales.
Cabe recordar que este no es un antecedente aislado. Durante la administración del expresidente Lenín Moreno, el actual viceministro impulsó intervenciones a organismos deportivos al margen del procedimiento legal, vulnerando el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Deporte, el cual establece que las intervenciones deben sustentarse en informes técnicos elaborados por las coordinaciones zonales competentes. La injerencia directa de la máxima autoridad, desde la planta central, no solo contravino la norma, sino que debilitó la institucionalidad deportiva y generó conflictos de interés.
Hoy, ese mismo enfoque amenaza la autonomía del deporte ecuatoriano. El Comité Olímpico Ecuatoriano, presidido por Jorge Delgado y Jefferson Pérez, cuenta con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Desconocer dicha resolución expone al país a sanciones internacionales que podrían impedir la participación de nuestros deportistas en competencias oficiales. El perjuicio no sería político, sino nacional.
Señor Presidente de la República, Daniel Noboa, el prestigio de su gobierno también se encuentra en juego. Aún es posible rectificar, apostando por autoridades con perfil idóneo, conducta ética y respeto a la autonomía del sistema deportivo. Evitar la politización del deporte no es una concesión, sino una obligación del Estado. Gobernar con responsabilidad implica aceptar la realidad institucional y garantizar que el deporte no sea rehén de disputas personales ni de sueños que ya fueron resueltos en las urnas. (O)
