Pelea de compradores / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión


El caso Sobornos 2012-2016, inicialmente “Arroz Verde”, a decir de los entendidos, está llegando a su etapa decisiva.

Meses atrás, Diana Salazar y Daniella Camacho, fiscal y jueza, señalaron 21 implicados en el delito de cohecho. Al parecer, todo habría sucedido de forma sistemática a través de una trama organizada desde las altas jerarquías del gobierno de “las manos limpias y los corazones ardientes”. En la veintena no podría estar ausente el expresidente Correa.

La investigación periodística destapó la olla donde, aparentemente, se cocinaba el arroz. De ahí a la fecha, por el escenario político han pasado muchos actores: denunciantes, acusadores, denunciados, empresarios, defensores, posibles cómplices, ciudadanos que se creen perseguidos y lavamanos que dicen no haber conocido el origen del dinero. En la etapa preliminar los examigos se apiñaron para hacerse fuertes. Ahora todos empiezan a marcar distancia, muestran desacuerdos y aplican la vieja táctica: “sálvese quien pueda”.

En sus declaraciones, Christian Viteri, exasambleísta, el pasado 27 de febrero aseguró que desconocía «la legalidad» del dinero que Pamela Martínez enviaba para financiar la campaña de Viviana Bonilla a la alcaldía de Guayaquil. A día seguido, Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia, a través de videoconferencia desde el arresto domiciliario, durante 40 minutos explicó que su trabajo se ajustaba a temas legales exclusivamente y al mismo tiempo, negó todo vínculo con Martínez, a quien acusó “de haber supuestamente aceptado pagos mensuales por parte de Equitesa cuando fue jueza de la Corte Constitucional”; además le dio el beso de Judas a Correa, indicando que no siempre estaba de acuerdo con su actuación. Seis días después, el 4 de marzo, Jorge Glas, desde la prisión, acusó a Martínez de “chantajear a contratistas».

Todos señalan como única culpable a su antigua aliada y recaudadora, Martínez; mientras ella no deja de defender su inocencia diciendo que se limitaba a cumplir órdenes, previo conocimiento de Correa. A la par, los probables empresarios torcidos, tan culpables como los supuestos sobornadores, empiezan a revelar detalles de los pagos.

La pelea de compadres está sacando a la luz las operaciones secretas de los presuntos implicados. La tesis de la Fiscal se fortalece; pero esta es la punta del iceberg. La veta de la corrupción estaría en los contratos embarrados por los cohechos. De esto aún no se dice nada. (O)

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