Nuevamente, la Corte Constitucional

La Corte Constitucional no ha cesado en su dedicada tarea de crear un sistema de precedentes que dejan más dudas que certezas alrededor de la acción de protección. En una reciente sentencia vuelve a mostrar una tendencia jurisprudencial que merece, al menos, una discusión seria: cada vez existen más límites para acceder a esta garantía.

La sentencia 1725-25-JP/26, de 30 de julio de 2026, analiza dos acciones de protección relacionadas con un inmueble. En la primera, la Corte concluyó que se utilizó la garantía para resolver una controversia sobre la titularidad de un bien y desplazar a la justicia ordinaria. En la segunda, determinó que se pretendió alterar los efectos de una decisión jurisdiccional previa. Ambos casos fueron considerados una desnaturalización de la garantía.

Hasta aquí, el criterio puede parecer razonable: una acción de protección no debería convertirse en una vía paralela para resolver controversias civiles ni para revisar sentencias. El punto delicado aparece cuando esta lógica se proyecta más allá de esos casos evidentes.

La Corte sostiene que los jueces deben examinar si existe una vía ordinaria idónea y eficaz y, cuando esta exista, pueden declarar improcedente la acción sin realizar un análisis de vulneración de derechos. Esto implica una separación injustificada de una línea que la Corte ya sostuvo antes: los jueces estaban obligados a verificar, a través de un examen exhaustivo, si un derecho constitucional se está vulnerando para luego analizar las adecuación de las causales de improcedencia.

No es menor lo resuelto por la Corte. El artículo 40 de la LOGJCC contempla como requisito la inexistencia de otro mecanismo adecuado y eficaz, pero el artículo 88 de la Constitución define a la acción de protección como un mecanismo de amparo directo de derechos. La tensión entre ambas disposiciones existe y ha sido reconocida incluso dentro de la propia sentencia. De hecho, los votos concurrentes advierten que no debería construirse, a partir de casos concretos de desnaturalización, una regla general que termine convirtiendo a la acción de protección en una garantía residual.

La discusión, entonces, no consiste en defender el abuso de las garantías. Como he sostenido en estas columnas, las garantías jurisdiccionales merecen una revisión por el constante abuso al que han sido sometidas, pero eso tampoco implica que la Corte construya líneas jurisprudenciales arbitrarias. Debemos en preguntarnos hasta dónde puede llegar la jurisprudencia. Una acción de protección que pretende evitar abusos no debería terminar siendo una acción de protección cada vez más difícil de activar. (O)

alvaro.sanchez2000@hotmail.com