Menos burocracia, más eficiencia
La reciente reforma al artículo 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) ha puesto sobre la mesa un debate incómodo pero urgente para el futuro de Ecuador. Al eliminar el fuero de corte provincial para los concejales y, de manera más contundente, suprimirles la facultad de presentar proyectos de ordenanzas cantonales, el Legislativo ha despojado a estas autoridades de su herramienta normativa principal. Si un concejal ya no puede proponer leyes locales, su rol queda severamente limitado. Mantener cuerpos colegiados enteros bajo estas nuevas condiciones no solo es un contrasentido funcional, sino un despilfarro de recursos públicos que el país no se puede permitir.
Sostener a 1.305 concejales con un costo promedio de $2.500 mensuales y a 4.079 vocales parroquiales con $700 al mes le cuesta al Estado —contando los 14 sueldos de ley— la alarmante cifra de $6,11 millones mensuales y más de $85,6 millones de dólares al año. Este escenario obliga a plantear una reforma estructural, transparente y valiente de la administración pública. Si sumamos los asesores, oficinas y la millonaria logística electoral que el CNE despliega cada cuatro años para elegir a estas 5.384 autoridades, el ahorro real superaría fácilmente los 100 millones de dólares anuales; un capital que iría directo a obras, seguridad y vialidad.
El análisis técnico debe ir más allá de los municipios. El modelo de descentralización en Ecuador duplica esfuerzos de forma crónica. Las prefecturas provinciales y las alcaldías a menudo colisionan o se entorpecen mutuamente en competencias críticas como el desarrollo productivo y la vialidad rural. Esta superposición no multiplica los resultados; duplica la burocracia, diluye las responsabilidades y confunde al ciudadano.
Si las alcaldías asumieran la totalidad de estas competencias de forma directa, la gestión pública sería más ágil y fiscalizable. Al eliminar el nivel de las prefecturas y absorber el personal estrictamente operativo —como choferes de equipo caminero e ingenieros civiles— dentro de los municipios, se desmantelarían de golpe 23 estructuras jerárquicas completas. Esto significaría suprimir miles de puestos de directores, asesores, secretarios y jefes de departamentos duplicados, generando un ahorro directo para el país de cientos de millones de dólares al año en gasto corriente ineficiente.
A esto se suma la realidad de las juntas parroquiales, donde muchas de sus dignidades no representan un trabajo efectivo ni transformador en la práctica, operando muchas veces como apéndices clientelares sin presupuesto real. La gobernabilidad en Ecuador está atrapada por un exceso de intermediarios políticos. Una reforma profunda del COOTAD no es un ataque a la representación, sino un acto de realismo fiscal y administrativo. Menos instituciones significan menos trabas para la ejecución y un Estado más ágil. Si verdaderamente nos importa el futuro del país, el diseño de una administración pública esbelta y funcional debe ser una prioridad nacional inmediata. (O)
