Maquinaria electoral que tritura la participación ciudadana
Existe la tentación facilista de acusar de apatía a la “gente buena” —aquellos ciudadanos trabajadores, profesionales, honestos y comprometidos con el bienestar de sus familias— frente a la asfixiante crisis política que atraviesa el Ecuador. Sin embargo, calificar esta desconexión ciudadana como simple indiferencia es desconocer el funcionamiento de una maquinaria política diseñada minuciosamente para desgastar, excluir y desmovilizar. La ciudadanía no le ha dado la espalda al país por gusto; la clase política tradicional y la profunda erosión institucional la han acorralado en un estado de abstención emocional.
El escenario electoral actual evidencia este fenómeno con extrema crudeza. Asistimos a contiendas donde las propuestas de desarrollo brillan por su ausencia, eclipsadas por una polarización violenta, ataques personales y un permanente boicot institucional. La Función Electoral y los partidos políticos operan como clubes cerrados que priorizan la impunidad y la cuota de poder sobre la representación legítima. Ante unas reglas de juego opacas, donde el control institucional bloquea deliberadamente alternativas frescas, el ciudadano de a pie concluye con lógica abrumadora que la política tradicional se autoabastece y es incapaz de resolver los problemas cotidianos como la inseguridad o el desempleo.
Esta maquinaria de exclusión se manifiesta de forma flagrante en los procesos de selección presuntamente técnicos. Testimonio de ello es lo ocurrido en convocatorias del CNE para el CPCCS: pese a contar con una intachable probidad notoria, trayectoria pública impecable y formación académica de tercer y cuarto nivel, la burocracia electoral descalifica expedientes legítimos amparándose en criterios arbitrarios. En mi caso, comisiones verificadoras opacas argumentaron supuestas fallas en las cédulas presentadas por representantes de Organizaciones Sociales, exigiendo firmas electrónicas cuando la resolución exigía únicamente copias legibles. Pese a triplicar los requisitos de participación y transparencia, el expediente fue desechado. No se trata de un error técnico, sino de un filtro deliberado para impedir que perfiles independientes y capacitados oxigenen las instituciones.
La clase política ha levantado barreras insuperables para evitar que la gente buena intervenga: altos costos de participación, campañas desinformativas y un filtro institucional diseñado para triturar cualquier vocación genuina de servicio. Cuando la gestión pública se traduce en servicios colapsados y la papeleta electoral presenta a los mismos actores reconfigurados en alianzas de conveniencia, replegarse deja de ser desinterés para convertirse en un acto de sobrevivencia.
Sin embargo, esta aparente neutralidad conlleva un riesgo implícito. La distancia ciudadana termina por oxigenar, paradójicamente, al mismo sistema que la ahuyenta. Al dejar el espacio público vacío, la «gente buena» le entrega la cancha libre a quienes ven en la gestión estatal únicamente un botín.
