Ley mordaza 2.0 / Fabricio Dávila Espinoza
Guillermo Lasso asumió la presidencia con gran expectativa, múltiples desafíos y muchos antagonistas políticos. Horas después de su juramento, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el uso de la libertad de expresión. Este fue su debut frente al Legislativo.
El objetivo era reemplazar la ley heredada del gobierno de las “manos limpias y corazones ardientes”, que sirvió para perseguir y sancionar a periodistas y medios de comunicación opositores al régimen de turno. La finalidad era derogar 91 artículos y cambiar su nombre. La nueva denominación habría sido “Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico”. Pero, todo quedó en buenas intenciones.
La iniciativa del Ejecutivo fue enterrada en la Asamblea Nacional y se produjo un escenario inverso al ideado por el presidente. La actual mayoría, compuesta por el correísmo, Pachakutik y algunos legisladores que se dicen independientes, aprobó una versión de reforma propia, diametralmente opuesta a la que propuso el Ejecutivo.
Entre otras cosas, el Consejo de Comunicación o Cordicom del correísmo, reemplazado por el Consejo de Regulación de la Comunicación, ahora pasaría a llamarse Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, es decir, más de lo mismo.
Un número significativo de periodistas y expertos en comunicación, ven esta reforma, aún no en vigencia, hasta el pronunciamiento final del Ejecutivo, con preocupación. Uno de los artículos que inquieta a los comunicadores es el criterio de “información falsa”. Si la norma estuviera publicada en el Registro Oficial, este momento, el Estado debería “garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos”. Por lo que quedaría “prohibida la difusión de toda información falsa”.
Sin duda, esto impone restricciones y subjetividades, porque no se define el significado de información falsa y tampoco se especifica que persona o entidad adquiere la autoridad para establecer la veracidad o falsedad de una noticia, investigación, reportaje u opinión antes de su publicación. Además, se crea la figura de “medios oficiales”, distintos a los medios públicos. Parecería que la intención es crear más medios de comunicación propagandísticos vinculados al uso exclusivo del poder y restar espacio a los medios privados.
La reforma aprobada por la Asamblea Nacional, descansa ya en la presidencia de la república. Hay varias posibilidades, que entre en vigencia tal como está escrita, que tenga observaciones o que sea rechazada totalmente. Dentro de treinta días, sabremos para qué lado juega el presidente.
