La Cuestión Penitenciaria / Andrés Jaramillo

Columnistas, Opinión

Las penas de prisión están reservadas para quienes han quebrantado las normas de convivencia elemental. ¿Qué se espera de este castigo? Desde la teoría, se ha argumentado que la pena debe cumplir un fin resocializador. Este fin pretende que, la persona en prisión, atraviese un programa especializado para su reeducación/rehabilitación, para que, posteriormente, tenga las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad, sin volver a delinquir. Así, por ejemplo, lo consagra nuestra constitución en el artículo 201. 

Sin embargo, los resultados empíricos demuestran que, el fin que persigue la pena desde la teoría, es muy distinto de aquel que se logra en la práctica. Los centros de privación de libertad han demostrado, sistemáticamente, ser instrumentos inidóneos para resocializar. Es más, parece ser todo lo contrario, una garantía de carrera criminal. Evidencia de esto, son los recientes amotinamientos en varios centros de privación de libertad en Ecuador, que lejos de ser actos aislados, se repiten con cierta frecuencia en el ámbito penitenciario a nivel nacional e internacional. 

Respecto de los hechos suscitados en Guayaquil, Latacunga y el Turi, cabe preguntarse ¿cómo se pudieron llevar a cabo amotinamientos de tales magnitudes en centros carcelarios de máxima seguridad? La respuesta parece ser que, el crimen organizado actúa como señor y dueño de estos centros, desde luego, con aquiescencia de ciertos servidores públicos que, por presión, miedo o interés, coadyuvan en dichas actividades. Solo así se explica que, se puedan infiltrar armas letales en su interior, sin que los múltiples dispositivos de seguridad y mecanismos de inspección rutinarios las detecten, y que, consecutivamente, se coordinen amotinamientos simultáneos en los principales centros de privación de libertad del país. 

No hay que perder de vista que, la integridad de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, que lamentablemente, parece haber perdido completamente el control sobre los centros de privación de libertad. Lo que se vivió el pasado 23 de febrero (torturas, muertes) dejó claro que, en Ecuador, los centros de privación de libertad, no cumplen con el rol de “reeducar, resocializar, reinsertar”, tal como consagra la teoría, sino que, en gran medida, coadyuvan a la vulneración del la integridad y dignidad humana de los reos.  (O)

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