Intensifican controles en Tungurahua
Las intervenciones sanitarias ejecutadas en la provincia de Tungurahua han tenido un cronograma específico durante el año. En el mes de mayo se lograron clausurar los dos primeros centros clandestinos de faenamiento. Posteriormente, durante julio, se concretó el cierre de otros dos recintos que operaban sin los permisos correspondientes.
A este registro de operativos se suma la clausura realizada en octubre contra una planta clandestina dedicada al lavado de vísceras. Esta infraestructura operaba de forma totalmente irregular, procesando subproductos cárnicos sin cumplir con las condiciones mínimas de higiene ni contar con la debida autorización oficial.
Cada operativo finaliza con la emisión de un expediente detallado elaborado por el equipo de inspectores de Agrocalidad. Este documento legal resulta indispensable para fundamentar las sanciones administrativas correspondientes y determinar la responsabilidad de quienes gestionan estos establecimientos al margen de la ley.
Para facilitar la participación ciudadana, la institución dispone de canales presenciales de atención en su sede distrital. Los usuarios pueden acudir directamente a las oficinas ubicadas en el sector Huachi Chico.
De igual manera, se encuentran habilitadas las vías de comunicación telefónica para receptar alertas sobre actividades sospechosas o irregulares. Quienes identifiquen este tipo de establecimientos pueden denunciar al número 032585223, extensión 115, para canalizar sus reportes directamente con la dirección distrital.
Las denuncias formuladas permiten programar visitas de inspección oportunas y neutralizar focos de contaminación en la cadena de distribución cárnica. Las autoridades enfatizan que el faenamiento informal representa un riesgo biológico alto para la población, pues carece de controles veterinarios previos y posteriores a la faena.
La entidad recalca que la regularización de las instalaciones procesadoras es la única vía permitida para operar en el mercado. Con estas gestiones se busca proteger la salud de las familias consumidoras y promover el comercio justo entre los productores cárnicos de la región. (I)
