Implementación urgente de sistemas antisoborno / Ing. Patricio Chambers M.

“Aprovecharse de la emergencia para robar fondos públicos es de miserables”, con esta frase mostraba hace muy pocos días la fiscal Diana Salazar, su repudio a las acciones de lo que parecen ser verdaderas bandas delincuenciales infiltradas en el sistema de salud del país.

Lamentablemente no es ni mucho menos, el único de los hechos denunciados en las últimas semanas, lo cual en medio de una emergencia sanitaria como la que vivimos, resulta altamente desalentador para un país fuertemente golpeado con esta crisis generada por la presencia del COVID-19.

Por ello es urgente implementar mecanismos efectivos que vengan a frenar la corrupción mediante sistemas antisoborno que detengan acciones indebidas tanto de funcionarios de gobierno como de empresarios privados.

La corrupción es una enfermedad social como lo es cualquier pandemia de hecho, existen estudios que demuestran que la deshonestidad es contagiosa y se trasmite de persona a persona, las cuales entran en una lógica de sobornos a través de ofertas, promesas, entregas, aceptaciones o solicitudes de ventajas indebidas.

Cabe recordar que los sobornos no son únicamente de carácter financiero pues también forman parte de esta categoría favores de distinta naturaleza, a los cuales se pueden añadir acciones como el cohecho, la concusión, los pagos de facilitación y también extorsión.

Frente a este escenario se hace indispensable combatir la corrupción a través de diferentes vías, empezado por impulsar una cultura ciudadana e institucional de transparencia que verifique paso a paso las diferentes etapas de los procesos de contratación de compras públicas.

Además, habría que incorporar controles a toda práctica de manera que quienes intervengan en dichos procesos, presenten los justificativos respaldando una gestión transparente.

Crear un sistema de anticorrupción y particularmente antisoborno, que vaya generando en forma gradual resultados positivos que devuelvan la confianza a un país abatido por la corrupción.

Paralelamente habría que fortalecer el cuerpo legal para imprimir castigos drásticos y ejemplares a quienes cometan este tipo de actos.

Tanto entidades públicas como privadas deberían comprometerse a generar políticas internas claras de antisoborno, comprometiéndose y responsabilizándose de su aplicación a todo nivel. Entrenando por otra parte, a su personal en las mejores prácticas y adecuando su normativa hacia un trabajo más transparente.

Determinar los riesgos de corrupción que puedan tener sus distintas áreas de trabajo, controlando y evaluando continuamente la gestión de la entidad en términos de cumplimiento de acciones debidas.

Dichos controles no serían únicamente financieros sino también de índoles diversas, con el propósito de implementar las mejores prácticas en este ámbito. Incluyendo además sistemas de reportes y alertas de casos sospechosos al interior de la entidad.

Utilizar las nuevas tecnologías de la información para evitar que la mano del hombre intervenga en dichos procesos, garantizando así mejores resultados y a su vez desalentando comportamientos no apropiados.

En fin, crear una cultura institucional que asegure una gestión diáfana en distintos niveles, pues a la final de cuentas la honestidad es un asunto que a todos nos compete.