GARANTIAS CONSTITUCIONALES A LA CARTA / Paúl Viteri Albán

Después del funesto precedente generado a partir de la activación irresponsable de garantías jurisdiccionales que propiciaron deliberadamente un escenario de inseguridad jurídica por parte de la improductiva ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori, parecería que en nuestro país la presentación de estas, se convirtió en una moda y ahora se lo hace por cualquier pendejada.

Una muestra de lo manifestado en líneas anteriores es la forma como tontamente un abogado que hasta hace algún tiempo tenía algo de prestigio profesional, el suplente Ulloa que hoy ostenta la presidencia del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, presenta una acción de protección en contra de una designación de la que él fue parte “haya estado o no de acuerdo”. Es decir, plantea una acción de protección por un acto jurídico administrativo, teniendo como base principal de la supuesta vulneración de derecho de carácter constitucional, por un acto del que él fue parte.

Hasta el momento de realizar el presente artículo, no he tenido acceso a la resolución motivada con la que el Juez Constitucional, favorece la pretensión de quien presidió la sesión en la que se nombró al Superintendente de Bancos y que luego se arrepintió de hacerlo, motivo por el cual la mejor solución fue presentar un evidente “abuso de garantía”.

Ahora, la historia no terminó ahí; y, el supuestamente afectado nuevo Superintendente de Bancos, presenta también una nueva acción de protección tratando de desactivar la anterior que le impedía posesionarse, disponiendo al Concejo de Participación Ciudadana y Control Social que se abstenga de conocer la nueva terna enviada por el presidente Lasso, consiguiendo convertir la ya mencionada garantía jurisdiccional en una verdadera jungla jurídica, por poco llegando a prostituirla.

La primera disposición fue emitida por una Jueza de Samborondón, mientras la segunda disposición fue emitida por un Juez de la ciudad de Yaguachi, algo que también me resulta incomprensible, en razón de que la sede del organismo que supuestamente violenta la garantía jurisdiccional invocada “está en Quito”, el domicilio del perjudicado “está en Quito”, pero las acciones jurisdiccionales se presentan en Samborondón y Yaguachi… Por lo que me preguntó ¿cuántos Jueces Constitucionales existen en Quito?

En fin, lo único seguro es que tenemos un Concejo de la Judicatura que no garantiza absolutamente nada, sino más bien, huele a peligró como dice la canción, además de un poco de pendejos que consideran que las garantías jurisdiccionales son como tomar un bus y se las puede activar en cualquier momento.