El juicio carente de sustancia
El juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, se ha convertido en un triste espectáculo de improvisación legislativa. Lo que debería ser un mecanismo serio de control y rendición de cuentas se ha degradado en un proceso viciado, lleno de formalidades incumplidas y pruebas endebles, que revela más sobre las motivaciones políticas de sus promotores que sobre eventuales responsabilidades de la funcionaria. El caso gira en torno al contrato suscrito por CELEC con Austral Technical Management (ATM) durante la aguda crisis energética de 2024. Los interpelantes -asambleístas de oposición- acusan a Manzano de omisiones e incumplimiento de funciones por no haber detectado supuestas irregularidades que habrían generado un perjuicio millonario al Estado. Sin embargo, el desarrollo del proceso en la Comisión de Fiscalización ha dejado al descubierto las debilidades estructurales del expediente. Lejos de presentar evidencia técnica contundente, el trámite se ha sostenido en narrativas periodísticas, audios de dudosa procedencia y testimonios que no resistirían un mínimo escrutinio jurídico.
Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando compareció como testigo el periodista Álvaro Martín Espinosa. Su presencia como prueba de cargo expone la fragilidad del caso. Un comunicador, por más que haya cubierto el tema, no sustituye a peritos técnicos, auditores especializados o funcionarios con acceso directo a los expedientes contractuales. Carece de la capacidad técnica para valorar cláusulas, plazos de ejecución o responsabilidades ministeriales en un contrato de generación eléctrica de emergencia. Peor aún, su credibilidad pública está lejos de ser incuestionable, lo que convierte su testimonio en un elemento frágil, más propio de un debate mediático que de un procedimiento que podría derivar en la destitución de una exautoridad de Estado.
Esta elección de “pruebas” refleja un juicio mal formulado desde su origen. El expediente adolece de precisión en la causal de responsabilidad política. No se logra diferenciar claramente entre errores de gestión -comunes en una crisis inédita como la del año pasado- y dolo o negligencia grave sancionable. La defensa ha señalado, con razón, que muchas de las “pruebas” presentadas (notas de prensa, chats, audios) no cumplen estándares de licitud ni permiten el contradictorio efectivo.
El juicio político es una herramienta constitucional valiosa, pero cuando se usa como arma de desgaste o como circo mediático, pierde legitimidad. Inés Manzano ha sostenido que su gestión enfrentó una crisis heredada y que las decisiones operativas correspondían a otras instancias técnicas. Corresponde a los interpelantes demostrar lo contrario con pruebas sólidas, no con testimonios periodísticos débiles.
Ecuador merece controles serios, no espectáculos. Es hora de que los interpelantes eleven el nivel del debate o reconozcan que este proceso no tiene la madurez suficiente para prosperar. La ciudadanía observa y, sobre todo, recuerda quiénes priorizan el show por encima de la sustancia. (O)
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