El despilfarro municipal también pasa factura
En el Ecuador de hoy, donde la inseguridad, la precariedad de los servicios públicos y la desconfianza ciudadana marcan la agenda diaria, el uso responsable de los recursos públicos ya no admite excusas ni discursos complacientes. Cada dólar mal gastado por una institución del Estado es un dólar que falta en agua potable, vialidad, saneamiento, seguridad o atención social. Y cuando ese despilfarro se vuelve estructural, el daño deja de ser administrativo para convertirse en social.
En este contexto, la propuesta de ley urgente presentada por el Ejecutivo, orientada a ordenar y hacer más eficiente el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), merece un análisis serio y sin prejuicios políticos. Limitar el despilfarro municipal no es un ataque a la autonomía local, como algunos intentan presentarlo, sino una respuesta necesaria frente a una realidad que durante años ha sido ignorada: muchos municipios priorizan el gasto corriente por encima de la inversión real en sus comunidades.
La autonomía no puede ser sinónimo de discrecionalidad ni, peor aún, de irresponsabilidad. El país arrastra ejemplos claros de municipios con nóminas infladas, contrataciones innecesarias, obras mal planificadas y presupuestos consumidos en burocracia, mientras barrios enteros siguen sin servicios básicos. Esa contradicción no solo profundiza la desigualdad territorial, sino que erosiona la legitimidad del poder local y alimenta el malestar ciudadano.
La ley urgente propone establecer reglas más claras para que los recursos públicos se destinen prioritariamente a inversión, mantenimiento de infraestructura y prestación efectiva de servicios. No se trata de recortar por recortar, sino de ordenar el gasto y asegurar que el dinero llegue donde realmente se necesita. En un país con limitaciones fiscales evidentes, seguir tolerando el despilfarro es una forma de irresponsabilidad política.
Además, no se puede ignorar un aspecto clave: el desorden financiero y la opacidad en la gestión local suelen ser el terreno fértil para prácticas ilícitas. Cuando no hay controles claros ni prioridades definidas, el riesgo de corrupción aumenta. Poner límites al despilfarro también es una forma de prevenir problemas mayores que, en los peores casos, terminan afectando a toda una comunidad y profundizando su abandono histórico.
Por supuesto, la reforma no está exenta de desafíos. Existen municipios pequeños o rurales con capacidades técnicas limitadas que requerirán acompañamiento, asistencia y tiempo para adaptarse. Una ley, por sí sola, no soluciona décadas de mala gestión. Pero renunciar a establecer reglas por miedo a la incomodidad política solo perpetúa un sistema ineficiente y desigual.
El debate de fondo no es ideológico, sino ético. ¿Para quién gobiernan los municipios? ¿Para sostener estructuras administrativas sobredimensionadas o para mejorar la calidad de vida de la gente? En un Ecuador golpeado por múltiples crisis, la respuesta debería ser evidente.
Limitar el despilfarro municipal no debilita la democracia local; la fortalece. Obliga a priorizar, a rendir cuentas y a entender que el poder público existe para servir, no para derrochar. La propuesta del Ejecutivo abre una oportunidad que el país no debería desperdiciar. (O)
