El costo de la tormenta: Ecuador no puede darse el lujo de improvisar
Ecuador conoce demasiado bien el costo de no estar preparado para El Niño. El fenómeno de 1997-1998 dejó pérdidas estimadas en USD 2.882 millones, cerca del 15% del PIB de entonces, destruyó alrededor de 540.000 hectáreas agrícolas y provocó la pérdida de unos 112.000 empleos en el sector. Casi tres décadas después, la pregunta no debería ser si el próximo fenómeno será costoso, sino cuánto de ese costo estamos dispuestos a evitar. El Decreto Ejecutivo 485, emitido el 31 de agosto tras la declaratoria de Alerta Roja, coloca la prevención climática como una prioridad nacional y obliga a nueve ministerios a coordinar acciones inmediatas. El Gobierno ha destinado USD 650 millones para mitigación y respuesta humanitaria, recursos que deberán traducirse en infraestructura de acogida, medicamentos, atención de emergencias y protección de las poblaciones más expuestas.
La cifra, sin embargo, debe analizarse desde una perspectiva económica. Gastar en prevención no es simplemente un desembolso fiscal: es una inversión para reducir pérdidas futuras. Cada carretera que permanece transitable, cada cultivo protegido y cada familia que recibe asistencia oportuna puede representar un costo significativamente menor que reconstruir después del desastre. El riesgo es particularmente elevado para la Costa. Los pequeños agricultores, trabajadores informales y familias que viven en zonas inundables tienen menos capacidad para absorber un shock de esta magnitud. Una inundación no destruye únicamente una cosecha; puede eliminar meses de ingresos, interrumpir cadenas de abastecimiento y encarecer los alimentos. En 1998, la inflación alimentaria llegó a niveles extraordinariamente elevados, demostrando que un desastre climático también puede convertirse rápidamente en un problema de precios y bienestar.
Por ello, Ecuador necesita anticiparse. Una medida prioritaria debería ser implementar seguros agrícolas paramétricos subsidiados para pequeños productores. Estos mecanismos permiten activar compensaciones automáticamente cuando se alcanzan determinados niveles de precipitación, proporcionando liquidez sin esperar largos procesos de evaluación. El segundo frente debe ser la infraestructura vial. Los gobiernos locales deberían disponer de recursos condicionados exclusivamente a mantenimiento preventivo, maquinaria y atención de las rutas estratégicas para el transporte de alimentos. El verdadero desafío no consiste en detener la lluvia. Eso está fuera de nuestras posibilidades. El desafío económico es impedir que la lluvia se transforme en desempleo, inflación, pobreza y pérdida de producción. El Niño será, ante todo, una prueba de nuestra capacidad para prevenir. Y en esta ocasión, improvisar podría resultar mucho más caro que prepararse. (O)
