Los fotorradares de la polémica / Editorial

Editorial

En abril del 2014 se suscribió el contrato de concesión de los fotorradares, en medio de cuestionamientos de concejales. A finales del 2015 se inició la ejecución del contrato con la colocación de 8 fotorradares, algunos de ellos en pendientes y en curvas. La actual administración siguió ejecutando el contrato y autorizó la instalación del fotorradar 9 en la avenida Bolivariana. 

La Procuraduría General del Estado dijo que el contrato del 2014 debía declararse nulo y la Contraloría hizo observaciones. Luego, el 2018, se lo reformó para bajar en algo la participación económica de la concesionaria, que obtuvo alrededor de ocho millones entre el 2016 y el 2017.

La concesionaria obtuvo una acción de protección para cobrar multas del fotorradar 9 con efecto retroactivo, desde enero de 2020. 

Es amplio el descontento de los ambateños con el sistema de fotorradares. Pocos dudan que se trata de un sistema altamente perjudicial para los conductores, por los lugares en los que están ubicados y por las ganancias que recibe la empresa concesionaria.  (O)

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