Ecuador amplía tres meses trabajo de CIDH en caso de asesinato de periodistas

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Además, han recordado que en siete ocasiones el Gobierno del presidente Lenin Moreno ha prometido desclasificar la documentación del caso. (Foto elcolombiano.com)

Quito, (EFE).- Los familiares del equipo de prensa del diario El Comercio asesinado en marzo de este año en la frontera con Colombia informaron hoy que el Gobierno de Ecuador ampliará en tres meses el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación del caso.

Así lo anunciaron tras salir de una reunión con los ministros del Interior, María Paula Romo; de Justicia, Ernesto Pazmiño; el canciller José Valencia y representantes del Ministerio de Defensa y de la Procuraduría General del Estado.

«Hemos conseguido que el Estado se comprometa a que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) diseñado por la CIDH continúe trabajando», explicó Yadira Aguagallo, portavoz de los familiares del equipo de prensa, secuestrado en marzo por un grupo escindido de las FARC autodenominado Frente Olíver Sinisterra, que los asesinó unos días después, según las autoridades ecuatorianas.

Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra reiteraron que esto es un «logro de la perseverancia» de las tres familias, «que no van a dejar que la verdad se pierda y que el caso quede en el olvido».

El pasado 10 de diciembre, el procurador del Estado, Iñigo Salvador, aseguró que Ecuador no veía «ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica» para ampliar el tiempo de duración de la misión de expertos de la CIDH y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al país a raíz del caso.

«Nuevamente, le tomamos la palabra al Estado de que en esta ocasión se le brinde al ESE todas las facilidades y que se le entregue toda la información de manera irrestricta como lo establece el punto número cuatro del mismo acuerdo que el Estado ecuatoriano firmó con la CIDH», agregó la portavoz de las familias a los medios de comunicación.

Según ellas, el ESE debe sacar sus conclusiones para que el informe «sea un precedente» en América Latina y permita que estos hechos no se vuelvan a repetir, así como «la protección de los derechos del periodismo ecuatoriano y de la población ecuatoriana» a poder transitar «libremente» por cualquier lugar sin ser objeto de secuestros o asesinatos. (I)


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