Diezmos: vieja trampa legislativa

No es una costumbre. Se llama corrupción. Una práctica repetida que revela cómo algunos legisladores convierten su curul en caja chica a costa de sus propios colaboradores. 

La Asamblea Nacional es objeto de atención pública por motivos más que vergonzosos. El escándalo de los diezmos se repite con más fuerza y nos hace recordar que no son hechos aislados, sino prácticas sistemáticas que han estado vigentes durante años en la política ecuatoriana.

El libreto es tan viejo como repetitivo: los legisladores contratan asesores, pero les piden entregar una parte de su sueldo para conservar el puesto. Al comienzo, los funcionarios aceptan por miedo o necesidad. Después, cuando son despedidos o se cansan del abuso, lo hacen público.

En 2018, la Asamblea destituyó a Norma Vallejo, del movimiento Alianza PAIS, acusada de cobrar diezmos a su equipo. Fue el caso más emblemático de esa época. No el único. En octubre del 2021, Bella Jiménez, de la Izquierda Democrática, fue destituida. Joel Abad, de Pachakutik, admitió haber estado en diálogos para un «fondo solidario» en 2022. Negó haber recibido las donaciones. Ese mismo año, excolaboradores señalaron a Belén Cordero del movimiento CREO. Las denuncias no progresaron. En la actual legislatura, Nuria Butiñá, del correísmo, es la siguiente en la lista. Está siendo investigada por el Comité de Ética debido a acusaciones semejantes.

Los años pasan, los nombres cambian, el mecanismo se mantiene. Y cada día, la Asamblea se desacredita más. Difícil fiscalizar con ética cuando los mismos legisladores establecen redes de chantaje interno. Imposible generar confianza cuando en el Parlamento los asesores tienen que pagar peaje.

Los diezmos no son una irregularidad en términos laborales ni un malentendido administrativo. Es corrupción. Pura y dura. Es la prueba para saber que algunos ven la curul como una oportunidad de negocio. No como servicio público. Lo peor, normalizar esta práctica. Hay quienes hablan de «costumbre» como si ello ablandara la falta. No: no es costumbre, es delito. Y quienes lo ejercen, permiten y encubren son conscientes de ello.

La Asamblea no es un mercado de favores ni una fábrica de escándalos. Los ciudadanos no eligieron recaudadores de diezmos, sino representantes. Si la corrupción no se arranca de raíz, la democracia seguirá debilitada. No basta con indignarse: no se debe votar por aquellos que convierten el poder en un negocio. (O)