Diálogo real para pueblos olvidados
En Ecuador, el paro que ya cumple 25 un mes, liderado principalmente por organizaciones indígenas, ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema que lleva décadas sin resolverse con seriedad: las profundas y estructurales necesidades de los pueblos originarios y afrodescendientes. Sin embargo, preocupa que, tanto el gobierno nacional como algunos sectores indígenas, se mantengan atrapados en discursos que más confunden que construyen soluciones reales, dejando fuera a un actor fundamental: el pueblo afroecuatoriano.
Una constante falencia de todos los gobiernos ha sido la discriminación y exclusión sistemática del pueblo afroecuatoriano, a pesar de que sus aportes culturales, sociales y económicos han sido y siguen siendo significativos para el país. Mientras se proclama el diálogo como la vía para resolver los conflictos, en la práctica se excluye a esta comunidad de los espacios de negociación y toma de decisiones, perpetuando una injusticia histórica.
Por un lado, el Ejecutivo sostiene que la economía nacional no puede asumir concesiones como la reducción del IVA o el mantenimiento de subsidios sin afectar su estabilidad fiscal. Medidas como la eliminación del subsidio al gas y el aumento del IVA en 3% buscan, desde esta perspectiva, controlar las finanzas públicas. No obstante, esta postura ha carecido de empatía y comprensión profunda hacia las verdaderas necesidades estructurales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes históricamente han sufrido exclusión en acceso a salud, educación, empleo digno y respeto a sus territorios.
Por otro lado, las dirigencias indígenas, aunque legítimas en sus reclamos, a menudo plantean demandas difíciles de cumplir a corto plazo y en ocasiones alejadas de la realidad económica del país, lo que termina deslegitimando las justas luchas sociales. En la última asamblea, el dirigente Vargas, ratifica un rechazo a la explotación petrolera y minera en la Amazonía, aumento del sueldo básico a 650 $, Si bien la defensa de la Amazonía y los derechos ancestrales es un mandato ineludible, la ausencia de propuestas concretas, viables y consensuadas dificulta el avance. Estas posturas muchas veces se traducen en bloqueos y paros que afectan a toda la ciudadanía, sin ofrecer un plan claro de alternativas económicas o sociales que garanticen progreso sostenible.
Lo que el país necesita es un diálogo honesto, sin engaños ni exclusiones, que reconozca en primer lugar las verdaderas necesidades estructurales de estos pueblos: acceso equitativo a servicios básicos dignos, reconocimiento cultural profundo —incluyendo una educación intercultural y etnoeducativa con enfoque afrocentrico que fortalezca las identidades sin aislarlas del desarrollo—, participación política efectiva, respeto por sus territorios y justicia reparadora.
Es imprescindible que tanto el Estado como las organizaciones indígenas abandonen posiciones rígidas y excluyentes. La conciliación no puede basarse en deseos o discursos políticos vacíos, sino en compromisos concretos que respondan a estas necesidades profundas y genuinas. El paro no puede prolongarse indefinidamente; el país exige responsabilidad de todas las partes para construir un futuro donde desarrollo y justicia social sean posibles para todos, sin excepción. (O)
