Derecho del mar / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión


La vida surgió en los océanos, cuyas aguas abarcan un área gigantesca, con más de 360.132.000 km² equivalentes al 72% de la superficie terrestre. De su interior se obtiene la mayor cantidad de alimento para los seres vivos, no sólo para los humanos. Además, se trata del escenario ideal para el comercio y muchas actividades. Pero el mar no es infinito y nos enfrentamos al agotamiento de sus recursos.

Tal vez, esta situación sea parecida a la que determinó la extinción de algunas civilizaciones antiguas. La pesca insaciable nos empuja a pasos acelerados hacia el colapso de la sociedad mundial en su conjunto. La dilapidación de los recursos vitales para nuestra especie, como consecuencia del comportamiento consciente o inconscientemente de los depredadores industriales, empujados por la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo, es sin duda, uno de los problemas más preocupantes en la actualidad.

Aun así, nuevamente, el 16 de julio pasado, se divisó una flota pesquera descomunal cerca de las Islas Galápagos. Esta actividad no es novedosa, al contrario, aproximadamente 300 barcos de origen chino se agrupan cada año dentro de los límites de la zona exclusiva ecuatoriana, para llenar sus bodegas con lo que caiga. Mientras la reacción del gobierno ecuatoriano es poco contundente y hasta ahora se limita a la conformación de un equipo de expertos para diseñar una estrategia de protección para Galápagos.

El Gobierno tiene en sus manos instrumentos legales para rechazar sin titubeos la incursión china. Tal es el caso del registro oficial número 759, publicado el 2 de agosto de 2012, en donde está inscrito el decreto 1238 sobre la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), en la que participan más de 160 países.

El derecho del mar es vital para la convivencia armónica y la protección ambiental. Esta Convención, que se concretó el 10 de diciembre de 1982, con el respeto de la soberanía de todos los estados, establece un orden jurídico que facilita la comunicación internacional, promueve la explotación equilibrada de los recursos naturales y la conservación del medio marino.

La posición del gobierno resulta sospechosamente débil, como era previsible, porque se trata de fijar límites a uno de los países a los que más dinero le adeuda el Ecuador. (O)

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