Crece la incertidumbre

Ecuador enfrenta una vez más una realidad que desnuda las promesas oficiales: cortes de energía eléctrica que golpea al sector empresarial y a numerosos sectores residenciales, mientras el Gobierno ha asegurado en reiteradas ocasiones que no habría apagones. Pero hoy el discurso político se estrella contra la realidad y los apagones ya están en marcha y, entre verdades y mentiras, la más afectada es la confianza ciudadana en su liderazgo. Las declaraciones del Ejecutivo el pasado 14 de octubre, señalan que se realizará mantenimiento a la red de transmisión eléctrica, pero ahora se sabe que el supuesto mantenimiento podría dejar sin luz hasta por 12 horas al sector empresarial y residencial, con lo cual crece la incertidumbre en la población.

Aún no logramos entender las razones por las que esta problemática, que genera enormes pérdidas para los sectores productivos y el conjunto de la población, no ha sido resuelta después de tantas promesas de solución.  La Constitución es inequívoca. La energía es sector estratégico (art 313) y el estado es responsable de proveer el servicio de energía eléctrica con continuidad, regularidad y calidad (art 214). El mantenimiento eléctrico es necesario, pero no puede convertirse en una explicación que sustituya la transparencia. La población necesita conocer las causas, la duración y los sectores afectados. Sin un cronograma oficial, la incertidumbre se multiplica y las sospechas crecen, aunque se ha filtrado que el Gobierno evita revelar la gravedad del problema para no provocar alarma social ni pagar un costo político en vísperas de las elecciones. De ser así, las consecuencias económicas serían incuantificables. Se estima que cada hora sin electricidad significa producción paralizada, ventas perdidas, alimentos dañados y costos para pequeños negocios e industrias. Inclusive cuando se restablece la energía eléctrica. En los hogares, llega con sobrecarga por ello el art. 11, N.9 de la Constitución obliga a reparar los daños de la deficiente prestación de servicios públicos; la incertidumbre altera el trabajo, los estudios y la vida familiar y, finalmente, quien asume el precio de la factura es la ciudadanía.

Si el ejecutivo llegase a desconectar la energía a los hogares, debería hacerlo sólo como medida excepcional temporal, motivada y notificada, porque  está en  juego la vida digna, la salud la atención prioritaria de los vulnerables, aun así, la responsabilidad sigue siendo estatal. El estiaje y el cambio climático escapan del control gubernamental, gestionar la demanda es una herramienta técnica. Pero la previsión es el deber que la Constitución impone. La luz no es un favor,  no es gratuita  el pueblo paga al estado y el estado tiene la obligación  de hacer gestión cuando falla el clima. (O)