Consulta popular / Dr. Guillermo Bastidas Tello

Columnistas, Opinión

El Ejecutivo ha hecho dos anuncios al Ecuador. Uno: el Ejecutivo enviará a la Asamblea una megaley para hacer reformas en los sectores hidrocarburífero, telecomunicaciones, tributario, laboral, energía, minas, obra pública, inversiones; un proyecto de Ley  llamada “Creando oportunidades”. Dos: el Ejecutivo quiere ir a una consulta popular que se realizaría este año.

Consulta popular es el requerimiento al pueblo para que se pronuncie sobre un asunto de importancia para la vida de los habitantes de un Estado. Es un mecanismo mediante el cual se convoca al pueblo a decidir sobre un tema de interés nacional; es la deliberación pública del pueblo. También se la conoce como sufragio popular, por cuanto constituye una deliberación pública del pueblo, adoptada como cuerpo electoral.

La megaley tiene resistencias procedimentales porque algunos asambleístas ya se han pronunciado manifestando que un proyecto, para ser calificado, debe referirse a una sola materia. Es evidente, además, que la distribución de la Asamblea no garantiza, en forma alguna, una mayoría a favor de una iniciativa del Ejecutivo. Se podría pensar que pase por el ministerio de la Ley. Pero para ello se requiere mucha actividad legislativa que se inicia por la calificación del proyecto por parte del CAL.

Sea lo que sea a la Sociedad le interesa como sacar al país del inmovilismo para reactivar, para producir y combatir la pobreza.

Por otra parte las ventajas de la consulta Popular radica en; la participación directa del pueblo, permitiendo la expresión pura y directa de los intereses populares en los procesos legislativos; despierta o aumenta la sensibilidad de los legisladores hacia los movimientos sociales; disminuye la distorsión creada por los partidos políticos; eleva la participación popular; abre la discusión sobre temas políticos y diferencias sociales; abre la salida a impasses en la Asamblea; ofrece resultados que se respaldan en la opinión popular; otorga una dimensión especial a los cambios políticos fundamentales; coloca al Gobierno más cerca del pueblo; contribuye a la educación y socialización política, como medio de expresión popular; confiere mayor legitimidad a las leyes; obliga a adoptar decisiones en casos en los cuales los legisladores no quieren asumir la responsabilidad de inclinarse a una opción determinada; ayudan a definir con precisión el contenido de la política pública. (O)

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