Consulta de medio tiempo / Luis Fernando Torres

Antes que finalizara la primera mitad de su período, el Presidente ha promovido una consulta popular orientada a cambiar la Constitución en algunos temas relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas y de los municipios en la seguridad ciudadana, la reducción de asambleístas especialmente de la sierra y la amazonía, la designación de autoridades de control y el medio ambiente en la minería. Lo ha hecho cuando los oídos de la gente no están abiertos para la consulta sino para el mundial, la incontenible criminalidad, la falta de empleo, el alto costo de la vida y los nuevos alcaldes, con la expectativa que, desde el gobierno, se gobierne, esto es, se solucionen los problemas, en lugar de consultarlos. 

A la consulta le sucederá lo que le ocurriría a un árbitro que, cinco minutos antes de que finalice el primer tiempo de un partido fútbol, suspenda el juego para preguntar al público si se cambia el balón. Los hinchas y fanáticos saben que el árbitro es el que decide. Y, por ello, esperan que lo haga sin necesidad de suspender el partido para preguntarles. 

Lo que quiere preguntar el Presidente no será lo que se le pregunte a la gente. Dado que la Corte Constitucional debe pronunciarse en dos momentos previos a la consulta, las preguntas originales puede que no sean aprobadas o que terminen vaciadas en su contenido. A la Corte le corresponde decir, en primer lugar, si la vía es la enmienda, la reforma o la constituyente. En segundo lugar, debe calificar la constitucionalidad de las preguntas y los textos de los cambios constitucionales. Los jueces constitucionales son, por consiguiente, una barrera jurídica difícil de superar cuando una consulta es inoportuna, lastima derechos y desarma la estructura estatal.

Quienes han anunciado que desarrollarán campañas en contra de la consulta, tienen grandes posibilidades de triunfar, si se analiza la historia de las consultas populares promovidas por presidentes impopulares o con preguntas que dividen a la gente. En la consulta del 2011, el Presidente era popular, pero las preguntas dividían a los ecuatorianos. Comenzó la campaña de la consulta con el 90% que decía apoyarla. El día de la votación, el sí se desplomó, a tal punto que algunas preguntas fueron rechazadas en provincias como la de Tungurahua. El voto en contra de la consulta pasó del 10% a un promedio nacional de 45%.  (O)