Cocheros del Mayorista exigen controles

Decenas de trabajadores del Mercado Mayorista de Ambato protagonizaron un plantón en las afueras de las oficinas administrativas de la entidad. Los manifestantes protestaron contra la proliferación de cocheros informales, lo que consideran una competencia desleal que perjudica la economía de quienes laboran bajo el registro oficial y pagan de manera puntual sus obligaciones del catastro.
Durante la jornada, Sebastián Vega, representante del gremio, expuso las principales exigencias entregadas formalmente a la administración. Entre las peticiones consta la implementación de una identificación visible para los 190 cocheros catastrados, la ejecución de operativos de control permanentes y la creación de un registro detallado sobre la retención de coches informales y las infracciones cometidas.
El dirigente presentó además una propuesta para sancionar de forma progresiva el uso no autorizado de estos elementos de trabajo. La iniciativa plantea una retención de 30 días en la primera falta, multas económico-progresivas de 50 y 100 dólares para la segunda y tercera reincidencia, e incluso la prohibición definitiva de la actividad ante una cuarta infracción, sujeto a la debida revisión técnica y jurídica.
Por su parte, los comerciantes y socios expresaron su preocupación por el incremento constante de trabajadores no regularizados. Varias voces presentes cuestionaron la falta de soluciones inmediatas mientras se tramita la nueva normativa, al tiempo que señalaron el impacto que genera esta situación frente a las tasas que cancelan por servicios administrativos y de vigilancia.
Frente a los reclamos, Marco Granizo, gerente subrogante del Mercado Mayorista, informó que el asesor jurídico de la institución se encuentra avanzando en la elaboración del reglamento solicitado. La autoridad enfatizó que las acciones institucionales buscan garantizar la equidad y descartó cualquier tipo de favoritismo o trato preferencial dentro de los controles que se aplican.
Asimismo, la administración asumió el compromiso de responder formalmente y por escrito a la totalidad de las peticiones entregadas por las cuatro asociaciones en un plazo de 48 horas. Las autoridades reiteraron que los procedimientos deben ejecutarse bajo los principios de legalidad, debido proceso y la normativa vigente. (I)
