Cierre obligado / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión

La facturación electrónica será obligatoria desde el próximo 29 de noviembre. Esta medida pondrá fin al documento físico y significará el cierre obligatorio de muchos negocios dedicados por décadas a esta actividad. Los artesanos gráficos han pedido ser escuchados por las autoridades del Gobierno. Hasta ahora, no tienen mayor respuesta.

La Ley de Desarrollo Económico dispone que todos los contribuyentes que emiten facturas, lo hagan electrónicamente a partir de los últimos días del presente mes. La norma es de cumplimiento obligatorio para negocios y personas naturales. Quedan excluidos los ciudadanos que son parte del sistema de Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), que podrán emitir comprobantes como notas de venta de manera física. Aunque también ellos, si realizan una transacción donde un cliente requiera la factura, deberán hacerlo de manera electrónica. Es decir, casi nadie se salva.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) señala que cerca del 11% de los casi 2.27 millones de contribuyentes con Registro Único de Contribuyentes (RUC) tienen el sistema electrónico. Los contribuyentes especiales, exportadores, importadores, proveedores del Estado y empresas de capitales grandes usan este mecanismo desde el 2014. Pero, aproximadamente, dos millones todavía no cuentan con la facturación electrónica, dado que la mayoría de transacciones en los negocios populares se realiza por medio de notas de venta y, en muchos casos, sin ningún tipo de documento. Para cumplir con esta norma, los contribuyentes pueden beneficiarse del servicio gratuito de facturación electrónica que ofrece el SRI. Otra opción es contratar alguna empresa que han desarrollado este servicio.

La entrada en vigencia de esta norma traerá consigo una reducción considerable en el número cuadernillos de facturas física que se elaboran en las imprentas. A decir de los propietarios de estos establecimientos, así se pondrá fin a una línea importante de negocio de los trabajadores gráficos, sobre todo, en las microempresas que se dedican exclusivamente a esta actividad y que en este momento no tienen la capacidad económica para reinventarse.

En el país, hay alrededor de 70 mil personas dedicadas a las artes gráficas. Si se cierran las imprentas pequeñas, habrá una gran afectación a la economía de miles de familias. El avance de la tecnología es imposible de detener, pero al mismo tiempo, reduce las oportunidades de trabajo para las personas que se dedicar a labores tradicionales. Por esta y otras razones, muchas imprentas están sujetas a un cierre obligado.

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