Campaña anticipada
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se considera campaña anticipada a las reuniones, asambleas o recorridos organizados de forma directa o indirecta por organizaciones políticas, sociales o candidatos; la difusión de mensajes que utilicen la imagen, la voz o los nombres exclusivos de personas inscritas para un cargo de elección popular; así como la propaganda digital fuera de los plazos autorizados. Dado que la campaña oficial con miras al proceso electoral del 29 de noviembre del presente año está planificada para realizarse entre el 12 y el 26 de noviembre, cualquier acto descrito anteriormente calificaría como infracción. De hecho, el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia tipifica esta conducta como una infracción electoral grave.
A pesar de esto, hemos visto y escuchado a varios candidatos participar activamente en actos sociales y entrevistas. En «dudosas encuestas» de redes sociales, diversos aspirantes se ubican como «primeros en la preferencia del electorado», con el evidente interés de direccionar el voto ciudadano. Ya no es novedad que los candidatos utilicen a terceras personas para que los convoquen a entrevistas en prensa, radio y televisión, o que los publiciten en revistas o medios digitales, donde las palabras, preguntas y calificativos empleados buscan posicionarlos en la mente de los ciudadanos como buen candidato.
Así también, sin saber cómo, asoman como invitados en mesas directivas, asisten a la entrega de diplomas y colaboran en mingas de barrios populares —simulando cercanía al acarrear materiales— o entregando medallas y premios. También actúan como jurados en la elección de reinas o participan en fiestas parroquiales, cantonales o provinciales. Todo esto lo hacen con el único interés de visibilizarse. Como se sabe, esto es una argucia —«estrategia para captación de votantes», la llaman— para tomar ventaja sobre sus adversarios.
El presidente del CNE manifestó que, para controlar a los 47 000 candidatos en firme, se ha intensificado el control sobre la campaña anticipada. Sin embargo, es evidente que muchos postulantes en todo el país incumplen la normativa; varios aspirantes a alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales participan en recorridos de claro proselitismo político. Al estar legalmente notificados con la calificación de sus candidaturas, estos ya pueden ser sujetos a las sanciones que determina la ley.
La «viveza criolla» siempre está a flor de piel para justificar estas acciones, por lo que el CNE no puede mostrar ceguera para unos y activismo para otros. Es fundamental que los agentes de control reúnan las evidencias necesarias y suficientes para sancionar a quienes pretenden ser autoridades mediante estas dudosas maniobras. Asimismo, sería inconcebible que quienes fungen actualmente como autoridades y buscan la reelección utilicen recursos estatales y a funcionarios públicos para obtener réditos políticos; a esos candidatos y a sus auspiciantes políticos es necesario sancionarlos negándoles el voto.
Finalmente, ante un número excesivo de candidatos, la representatividad y el nivel de legitimidad de las autoridades electas siempre serán bajos. Por esta razón, cobra mayor fuerza la necesidad de implementar una segunda vuelta en la elección de autoridades seccionales, lo que permitiría elegir entre quienes realmente presenten y debatan un proyecto administrativo que sea viable, serio y favorable para la provincia y la ciudad; allí sí se observaría el verdadero respaldo de la ciudadanía. (O)
