Las barbas en remojo
Paraguay atraviesa una crisis financiera convertida en escándalo político. Ueno Bank, una entidad con casi tres millones de clientes, fue intervenido a causa de problemas de solvencia. La entidad administraba aproximadamente 2.800 millones de dólares en depósitos y su cierre dejó a miles de familias sin acceso inmediato a sus ahorros.
El escándalo puso fin al mandato presidencial de Santiago Peña, antiguo accionista de la entidad bancaria, quien posteriormente fue arrestado. Las investigaciones apuntan a préstamos a empresas vinculadas con sus propietarios y a posibles decisiones gubernamentales que habrían favorecido a la institución. Hasta 850 millones de dólares de fondos públicos habrían sido depositados en Ueno, incluidos recursos de la seguridad social.
Ante esta situación, la preocupación principal está en el destino del dinero de los depositantes y en las responsabilidades de quienes debían vigilar al banco. Las consecuencias de esta crisis podrían afectar durante mucho tiempo a la economía paraguaya.
Inevitablemente, lo sucedido tiene semejanzas con nuestra propia historia. En el Ecuador hubo instituciones financieras que acumularon problemas mientras los organismos de control fueron incapaces de impedir el desastre. El 8 de marzo de 1999 comenzó un calvario llamado el feriado bancario y posteriormente fueron congelados los depósitos de millones de ecuatorianos. Incontables ciudadanos perdieron el acceso a sus ahorros, varias instituciones quebraron y el sucre perdió aceleradamente su valor. La crisis terminó conduciéndonos a la dolarización, anunciada el 9 de enero de 2000.
Esta experiencia dolorosa debería ser suficiente para comprender que una crisis bancaria no aparece de la noche a la mañana. Los problemas suelen detectarse con anticipación; sin embargo, las decisiones necesarias llegan demasiado tarde. En Paraguay se investiga precisamente por qué se permitió que una entidad bancaria creciera mientras comprometía su solvencia y recibía recursos públicos.
Si bien las autoridades ecuatorianas aseguran que nuestro sistema financiero es sólido, la creciente presencia del crimen organizado y el riesgo de que recursos de origen ilícito ingresen a la economía formal, incluso mediante contrataciones públicas, exigen mayor vigilancia. La estabilidad no puede depender de declaraciones tranquilizadoras, sino de controles rigurosos.
Conocemos el precio de confiar demasiado y vigilar poco. Paraguay acaba de recordarnos que una crisis bancaria puede arruinar a miles de familias. Sería imperdonable que Ecuador volviera a aprender esa lección a costa de los ahorros de sus ciudadanos. Más vale poner las barbas en remojo.
