De cara a la verdad

En alguna oportunidad escuché decir que, en las democracias sanas, la crítica constante no necesariamente genera inestabilidad; por el contrario, puede actuar como una válvula de escape que permite identificar errores, corregir políticas y canalizar el descontento antes de que este desemboque en una ruptura institucional profunda.

Sin embargo, las exigencias del «todo o nada», sumadas a la utilización del gasto público como herramienta inmediata de legitimación política -bajo la premisa de que la riqueza puede redistribuirse indefinidamente sin atender a los límites de la sostenibilidad fiscal-, han conducido, en numerosos casos, a procesos de deterioro institucional.

Porque cuando la expansión del gasto sustituye a la generación de riqueza, cuando el asistencialismo reemplaza a las oportunidades y cuando la política termina debilitando, en lugar de fortalecer, las instituciones, se configura un círculo vicioso de dependencia, corrupción y creciente conflictividad social.

Y es precisamente aquí donde cabe la pregunta que deberíamos hacernos después de estos últimos años:

¿Somos realmente conscientes de lo que está ocurriendo en el Ecuador? ¿Comprendemos la dimensión de los ajustes económicos que han debido emprenderse y, al mismo tiempo, la magnitud de la amenaza que representa una estructura criminal transnacional que, favorecida durante años por la permisividad y la debilidad institucional de quienes precedieron al actual gobierno, logró instalarse y expandirse en el país?

No se trata de convertir la crítica al gobierno en un acto de adhesión ni de justificar cualquier decisión bajo el argumento de la emergencia. En una democracia, precisamente, el poder debe ser cuestionado, fiscalizado y obligado a rendir cuentas.

Pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de exigir resultados inmediatos sin asumir los costos de corregir desequilibrios acumulados durante años, ni desconocer que recuperar la seguridad, sanear las finanzas públicas y reconstruir instituciones debilitadas requiere tiempo, decisiones difíciles y, sobre todo, responsabilidad.

La pregunta, entonces, quizá sea más incómoda de lo que parece: ¿estamos mirando de frente la realidad que nos toca enfrentar, con sus costos y sus riesgos, o seguimos con los ojos vendados, esperando que sean otros quienes paguen la factura de lo que venga?

Porque una democracia no se fortalece únicamente reclamando derechos, sino cuando una sociedad es capaz de reconocer sus problemas, aceptar los sacrificios necesarios para resolverlos y exigir, al mismo tiempo, que quienes gobiernan actúen con transparencia, eficacia y respeto irrestricto a las instituciones.

La responsabilidad compartida implica desprendimientos, pero, sobre todo, compromisos de todos: de gobernantes y gobernados; o, si se quiere, de autoridades y mandantes. Compromisos que no pueden quedar subordinados a la complacencia, al populismo ni a la necesidad de satisfacer únicamente al oído. Porque también es necesario atreverse a escuchar aquello que incomoda, aquello que cuestiona nuestras certezas y aquello que nos obliga a confrontar ese, a veces silencioso pero persistente, sentimiento de inferioridad que atormenta, limita y termina cercenando nuestra capacidad de asumir, con dignidad y madurez, la responsabilidad sobre nuestro propio destino.