Polémica resolución / Editorial
La semana que termina deja como uno de sus hechos más controvertidos la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la Unidad Especializada Anticorrupción, creada para el juzgamiento de casos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La polémica se instala en el ámbito jurídico porque la unidad especializada ha sido suprimida mediante una resolución del Consejo de la Judicatura, pese a que su creación fue establecida mediante ley. La Asamblea Nacional, como parte de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, dispuso la implementación de una Unidad Judicial Especializada, integrada por jueces altamente especializados para atender los requerimientos técnicos y jurídicos que demanda el juzgamiento del crimen organizado.
Una decisión tan importante merece una explicación pública y suficiente. No solo porque durante los últimos cuatro años los jueces especializados han conocido casos emblemáticos de corrupción y de delincuencia organizada, sino también porque su implementación implicó tiempo, recursos y apoyo internacional.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Dra. Mercedes Caicedo, sostiene que no se trata de una eliminación, sino de una reorganización. Corresponde, entonces, que el organismo explique con claridad el alcance de la medida, sus fundamentos jurídicos y las razones que la justifican. (O)
