Una ley no hace milagros
El Ecuador tendrá, en los próximos días, una “ley antimafias”. El nombre suena contundente, poderoso, espectacular… En un país sacudido por narcotráfico, extorsiones, sicariato… bautizar una norma con este calificativo genera expectativas. Pero hay que decirlo: la delincuencia organizada y la común no se extinguen automáticamente porque la Asamblea apruebe una ley que diga combatirlas. Por obvio que parezca, conviene recordarlo.
El proyecto, cuyo primer debate fue superado, plantea endurecer las penas para la delincuencia organizada, sancionar a aquellos que colaboren con estructuras criminales en el ámbito financiero o logístico, establecer consecuencias para profesionales que las favorezcan y fortalecer mecanismos de control a bienes de origen ilícito. Estas herramientas son imprescindibles y desestimarlas únicamente porque provienen del Ejecutivo sería tan irresponsable como aprobarlas creyendo que van a solucionar por sí solas la crisis de seguridad.
Ya tenemos normativas con nombres grandilocuentes. En 2024, por ejemplo, entró en vigencia la denominada “ley no más apagones”, que fue publicitada como el fin de la fragilidad energética ecuatoriana. No obstante, la ley no produce megavatios. Al contrario, en medio de la última emergencia energética estalló el caso Progen, que terminó rodeado de incumplimientos y una investigación que todavía deberá determinar responsabilidades. Mientras tanto, sin generación suficiente, inversión y previsión, seguimos con la mirada al cielo esperando lluvias y al norte esperando que Colombia pueda vendernos energía cara. El papel puede ordenar soluciones; ejecutarlas requiere mucho más.
Con las mafias pasa igual. Si los delincuentes pasean libremente sin ser atrapados, incrementar las penas tiene poco efecto; si las investigaciones son deficientes, capturarlos servirá menos; si el sistema de justicia es permeable a la corrupción, juzgarlos no tendrá sentido; y condenarlos no será suficiente, si continúan manejando negocios ilegales desde la cárcel.
Bienvenida sea a una legislación que proporcione mejores herramientas al Estado, pero no de manera ingenua ni con cheques en blanco. La lucha contra el crimen tampoco puede convertirse en el pretexto para arbitrariedades de la fuerza pública. La democracia demuestra su fortaleza cuando combate la delincuencia sin terminar pareciéndose a ella.
El país necesita más que nombres rimbombantes para atacar problemas cotidianos; requiere inteligencia, investigación, justicia independiente, fiscales protegidos, policías preparados, cárceles controladas… y recursos suficientes. Las mafias no temen una norma; comenzarán a hacerlo si descubren que detrás de ella existe un Estado capaz de hacerla cumplir. Las leyes no hacen milagros.(O)
