El aplauso y la conmemoración no es inclusión
Cada 25 de julio, las redes sociales del sector público se inundan de discursos emotivos y felicitaciones por el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana. Es la puesta en escena perfecta de un Estado que se autodefine como plurinacional e intercultural. Sin embargo, detrás de la retórica del orgullo y los saludos de rigor, se esconde una realidad incómoda: la persistencia de un racismo estructural que excluye a las mujeres afrodescendientes de los verdaderos espacios de poder.
Que una máxima autoridad nacional se atreva a llamar «serpiente» a una asambleísta afrodescendiente no es un hecho aislado; es un retroceso vergonzoso que evoca épocas coloniales de deshumanización. Tampoco es aislado que en el gobierno de Guillermo Lasso se haya separado a Mae Montaño por celos políticos, pese a su destacado liderazgo al frente de la estrategia para mitigar la desnutrición crónica infantil. A esto se suman otros episodios emblemáticos: la destitución injustificada y con sesgos discriminatorios que denunció María José Lara, agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito; la revictimización de las madres de los cuatro niños de Las Malvinas, tratadas implícitamente como si sus hijos fueran delincuentes; o la presión soterrada que sufren muchas profesionales afrodescendientes, obligadas a alisarse el cabello para encajar en la función pública o privada porque su estética natural sigue siendo juzgada.
El problema de fondo no es la falta de reconocimiento cultural, sino la clamorosa ausencia de representación real en la política, limitando su acceso efectivo a las decisiones decisivas del país. En lo laboral, los sesgos raciales y de género levantan muros invisibles que les impiden acceder a empleos dignos.
El mensaje implícito del statu quo es perverso: su identidad es celebrada en las festividades, pero su presencia es ignorada en las mesas donde se diseña la política pública y el futuro económico de la nación.
Para superar esta hipocresía institucional, el Estado ecuatoriano debe transitar con urgencia de la conmemoración folclórica a la acción estructural. Esto exige:
- Reformas al Código de la Democracia: Que garanticen una representatividad plurinacional obligatoria y efectiva en las listas electorales, asegurando que las lideresas afroecuatorianas compitan en condiciones de verdadera equidad.
- Acción afirmativa laboral y económica: Políticas reales de inclusión en el sector público y privado, acompañadas de créditos preferenciales y financiamiento para sus proyectos productivos.
La inclusión no puede seguir siendo un eslogan de campaña ni una fecha de compromiso en el calendario. Mientras las mujeres afroecuatorianas continúen subrepresentadas en la Asamblea, ausentes en los ministerios y marginadas del desarrollo, los mensajes oficiales no serán más que demagogia. La verdadera justicia histórica no se alcanzará con palabras bonitas, sino desmantelando las barreras que les impiden ser sujetas activas de la política y la economía. Es hora de que el Estado demuestre que su compromiso no expira al día siguiente del festejo. (O)
