¿Quién está educando a nuestros hijos?
Francia ha decidido prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años y Australia ha ido aún más lejos, estableciendo una edad mínima de 16 años para utilizar plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, X o Snapchat. Las medidas han generado un intenso debate internacional sobre la protección de la infancia, la libertad digital y el papel de las familias en la educación de los menores.
Los argumentos a favor de estas restricciones son contundentes y muy interesantes. En Australia, las autoridades sostienen que una gran mayoría de adolescentes ha estado expuesta a contenidos relacionados con violencia, autolesiones, suicidio, consumo de drogas y otros materiales perjudiciales. Además, numerosos estudios han alertado sobre el impacto que el uso excesivo de las redes sociales puede tener en la autoestima, la capacidad de atención y la salud mental de niños y jóvenes.
Sin embargo, el debate va mucho más allá de la tecnología. La pregunta de fondo es ¿por qué las sociedades han llegado al punto de necesitar una ley para impedir que un niño acceda a determinados contenidos?. Durante generaciones, fueron las familias quienes establecían límites, horarios, normas y criterios sobre lo que los menores podían o no consumir. Hoy, en cambio, parece que los Estados se ven obligados a intervenir allí donde los mecanismos tradicionales de formación y acompañamiento han perdido fuerza.
Una frase pronunciada por un padre australiano llamó especialmente mi atención: la nueva ley les da a los padres una “licencia para decir no”. La expresión resulta inquietante. ¿Acaso una madre o un padre necesitan una ley para ejercer autoridad sobre sus hijos? ¿Hemos llegado a un punto en el que las normas familiares requieren el respaldo del poder público para ser respetadas?
Por supuesto, sería injusto responsabilizar únicamente a las familias. Las plataformas digitales han sido diseñadas para captar la atención de los usuarios durante el mayor tiempo posible, utilizando algoritmos cada vez más sofisticados. Incluso muchos adultos tienen dificultades para controlar su relación con las redes sociales. Pretender que un niño enfrente solo ese desafío sería una ingenuidad.
No obstante, tampoco podemos caer en la ilusión de que una prohibición resolverá un problema profundamente cultural. Las redes sociales son apenas el escenario visible de una crisis más amplia relacionada con la educación, los valores, el acompañamiento familiar y la formación del criterio personal. Ninguna ley podrá sustituir la conversación en casa, el ejemplo de los adultos o la enseñanza de principios que permitan distinguir entre lo correcto y lo perjudicial. Niños que vean a sus padres leer un libro frecuentemente o estar 24/7 en su celular inconscientemente querrán imitar ese comportamiento.
Francia y Australia han abierto una discusión necesaria. Más allá de estar a favor o en contra de estas medidas, quizá la pregunta más importante sea otra: si los gobiernos deben enseñar a los padres cómo proteger a sus hijos, ¿qué nos dice eso sobre el estado actual de nuestra sociedad? (O)
