Diez años después

Diez años después del devastador terremoto del 16 de abril de 2016, que se sintió en todo el país, recuerdo a las 7 y 30 aproximadamente estaba acostado mirando Tv. Cuando empezó a moverse mi cama, las antenas de la Tv, no sabía que estaba pasando, me levanté y sentí el fuerte temblor que a los pocos minutos las radios y las noticias de confirmaron, un terremoto que había sacudido Manabí y Esmeraldas; fueron momentos de pánico, hoy han pasado diez años no solo necesitan reconstruir su infraestructura de ingeniería civil sino también su memoria. La tragedia no terminó cuando cesó el movimiento telúrico, sino que apenas comenzó una fractura más profunda, silenciosa y política.

El sismo, según estadísticas, dejó más de 670 muertos y miles de damnificados, pero, al mismo tiempo, abrió un espacio histórico para reconstruir no solo su infraestructura, sino también su dignidad. Para ello, el Estado ecuatoriano recaudó cerca de 3.500 millones de dólares mediante la denominada Ley de Solidaridad. Sin embargo, el destino de esos recursos, que serían destinados a la reconstrucción, se convirtió en una narrativa paralela, donde la esperanza de miles de manabitas que lo perdieron todo compitió con la opacidad. Desde una mirada crítica, el problema no fue únicamente cuánto se invirtió, sino cómo. Mientras una parte de los fondos se destinó a infraestructura como parques, carreteras, edificios públicos y obras urbanas, investigaciones determinaron que al menos 367 millones de dólares fueron desviados hacia proyectos no prioritarios que no se relacionaban con la emergencia. En términos objetivos, esto significó pocas viviendas y pocas soluciones para quienes lo perdieron todo. Miles de millones recaudados frente a una reconstrucción aún inconclusa. Diez años después, persisten viviendas sin terminar, poblaciones desplazadas y una sensación colectiva de abandono. La reconstrucción no llegó o lo hizo de forma desigual; la reconstrucción humana, definitivamente, permanece en pausa. Es grave el saldo judicial. El «Caso Reconstrucción» evidenció el delito de peculado en el uso de los fondos. Figuras como el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal fueron sentenciados a 13 años de prisión. 

Sin embargo, el país aún no conoce cuánto dinero ha sido recuperado; al parecer, no se ha recuperado ni un centavo. La justicia ha avanzado, pero no necesariamente ha reparado. Diez años después parte de los fondos económicos no asoman: continúa, pero de otra forma. Late en la desconfianza ciudadana, en las obras inconclusas y en la memoria de quienes aún esperan. El verdadero desafío no es solo construir una plaza memorial para cerrar grietas en el concreto, sino también en la ética pública. (O)