La paz que se nos escapa
Ambato, la capital, y Tungurahua, la provincia en general, nunca fueron lugares acostumbrados a los titulares rojos. Durante años, esta tierra fue vista como un espacio de trabajo, comercio y relativa tranquilidad. Hoy, esa percepción se vuelve cada vez más lejana.
En toda la provincia, el año 2025 cerró con 55 muertes violentas. El dato es alarmante por sí mismo, pero resulta más perturbador cuando se conoce que el 77 % estuvo vinculado con ajustes de cuentas, venganzas y disputas territoriales por la venta de sustancias ilícitas. No se trata de hechos aislados, sino de la evidencia de estructuras criminales que luchan por el control y los espacios.
El 2026 no comenzó mejor. Apenas transcurrido un mes y medio, ya se registran cerca de diez muertes violentas, incluidos cuerpos hallados en descomposición que pertenecerían a la estadístuca del año pasado. Hace apenas dos noches, vecinos alertaron disparos cerca de la medianoche y el resultado fue un nuevo crimen en una parroquia al norte de la ciudad de Ambato. Más allá de cada caso puntual, lo que se instala es la sensación de vulnerabilidad.
A escala nacional, Ecuador vivió en 2025 uno de los años más violentos de su historia reciente. El incremento sostenido de homicidios confirma que el crimen organizado no es una amenaza lejana, sino una realidad que se expande hacia ciudades que antes parecían al margen.
En Ambato y en localidades cercanas, el miedo ya forma parte de la vida cotidiana. Circulan rumores persistentes sobre barrios controlados por bandas, negocios que cierran más temprano y extorsiones comentadas en voz baja. Aunque no siempre se reconozca oficialmente, en la calle se habla de zonas peligrosas. Esa conversación informal revela una percepción colectiva de inseguridad.
Como respuesta, algunos ciudadanos organizan marchas contra la delincuencia; en otros sectores se recurre a la justicia indígena o incluso a linchamientos. Estas reacciones evidencian una profunda desconfianza en la justicia ordinaria y en la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
No estamos viviendo el mejor momento como provincia. Negarlo sería irresponsable. Pero tampoco basta con alarmarse. Se requiere coordinación real entre autoridades locales y nacionales, presencia efectiva del Estado en territorio y un sistema judicial que genere confianza.
Tungurahua fue sinónimo de paz. Hoy enfrenta el desafío de no acostumbrarse al miedo. Y evitar esa normalización es, quizá, la tarea más urgente. (O)
