Guardias de seguridad denuncian incumplimientos laborales
Una profunda preocupación se evidenció durante el receso de la sesión ordinaria del Concejo Cantonal de Ambato, cuando representantes de los guardias de seguridad privada que laboran en la Municipalidad expusieron presuntas irregularidades en el contrato de seguridad suscrito con la compañía Sepronac. Las denuncias apuntan a retrasos en los pagos, explotación de jornadas laborales y falta de cancelación de horas extras, situación que estaría afectando gravemente a los trabajadores.
Fernando Arroba, representante de los guardias de seguridad privada de Sepronac y delegado de la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, informó que el contrato con el Municipio inició en octubre del 2024, con un anticipo de aproximadamente 1,2 millones de dólares. Sin embargo, aseguró que desde el inicio del contrato se han registrado retrasos sistemáticos en los pagos al personal, atribuidos tanto a incumplimientos de la empresa como a la falta de revisión oportuna por parte de los funcionarios responsables.
Arroba detalló que los guardias cumplen turnos de hasta 12 horas diarias durante varios días consecutivos, alternando jornadas diurnas y nocturnas, lo que calificó como “inhumano”. Añadió que muchos trabajadores perciben salarios que no alcanzan los 600 dólares mensuales, pese a que la normativa laboral establece el pago de horas ordinarias y extraordinarias, lo que elevaría sus ingresos a cerca de 960 dólares. Afirmó además que, aunque la empresa tiene horarios de ocho horas aprobados ante el Ministerio de Trabajo, estos no se cumplen en la práctica.
Según Arroba, el último pago recibido por los guardias corresponde al mes de diciembre, incumpliendo el Código de Trabajo que obliga a las empresas a mantener fondos suficientes para cubrir al menos dos meses de salarios. También señaló deficiencias en el número de personal, ya que de los 280 guardias establecidos en los términos de referencia para cubrir 64 emplazamientos, únicamente 222 estarían activos, obligando a algunos trabajadores a cubrir dos o hasta tres puestos.
El concejal Alex Valladares manifestó que este caso forma parte de un proceso de fiscalización iniciado meses atrás y confirmó que presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo el 2 de diciembre. Indicó que existirían inconsistencias en la información proporcionada sobre el número de guardias contratados, así como posibles conflictos de intereses y despidos masivos tras requerimientos de documentación.
Finalmente, la alcaldesa Diana Caiza señaló que es prioritario garantizar los derechos laborales y un ambiente de trabajo digno. Aseguró que, si se comprueban incumplimientos por parte de la empresa contratista, la Municipalidad tomará las acciones correspondientes conforme a la ley, en su calidad de administradora y fiscalizadora del contrato. (I)
