Apuestas en línea: ¿negocio o riesgo?
No toda actividad económica genera beneficios claros para la sociedad. Sectores como la minería ilegal, la producción de tabaco y licor o los clubes nocturnos pueden mover millones, pero sus efectos suelen ser negativos: deterioran la paz social y generan diversas vulnerabilidades para la población. En economía, esto se conoce como actividades con externalidades negativas, cuyos costos sociales superan los beneficios privados. Bajo esta lógica, conviene analizar el acelerado crecimiento de las apuestas en línea en Ecuador.
En los últimos cinco años, el sector ha tenido una expansión sin precedentes. Datos del INEC señalan que las plataformas de apuestas deportivas y casinos digitales mueven entre USD 300 y 400 millones anuales en Ecuador, pese a operar sin una regulación formal. Solo en 2024, el tráfico hacia páginas de apuestas aumentó más del 60 %, impulsado por la presencia de influencers, la publicidad en transmisiones deportivas y la facilidad de pagos digitales. Este crecimiento ha captado especialmente a jóvenes, pues el 48 % de nuevos usuarios tiene entre 18 y 30 años, y algunos de ellos han desarrollado adicciones a las apuestas en estas plataformas.
La falta de controles no solo afecta al consumidor individual: abre espacio para problemas mayores. Organismos como la Interpol han identificado vínculos entre plataformas ilegales, redes de lavado de activos y esquemas de extorsión, incluyendo arreglos de partidos, un fenómeno ya presente en ligas sudamericanas. Además, el dinero que circula fuera del sistema formal implica pérdidas fiscales superiores a USD 40 millones al año y no genera empleo estable ni inversión productiva. Desde la perspectiva económica, es un sector de alta recaudación privada y bajo aporte social.
Ecuador enfrenta entonces una pregunta inevitable: ¿qué hacer con un sector que crece rápido, genera ingresos, pero también incrementa riesgos económicos y sociales? La respuesta más razonable es avanzar hacia una regulación integral, basada en transparencia, controles tecnológicos, tributación efectiva y protección al consumidor. Como toda actividad con externalidades negativas, no se trata solo de prohibir o permitir, sino de evaluar si sus efectos netos benefician o perjudican al país. (O)
