El “fair Pley” Constitucional
Han pasado más de quince años desde la promulgación de la Constitución de 2008. Nadie discute que llegó la hora de revisar, repensar y fortalecer los cimientos de nuestra Carta Magna. Sin embargo, lo que sí genera preocupación es la forma en que se está impulsando este proceso, los métodos de representación política adoptados y los requisitos mínimos exigidos a quienes tendrán en sus manos la responsabilidad histórica de redactar las nuevas normas fundamentales del Estado.
El presidente ha anunciado la conformación de una Asamblea Constituyente que trabajará a través de ocho Mesas de Trabajo, cada una dedicada a temas de alta complejidad: derechos fundamentales, régimen económico, justicia, descentralización, medio ambiente, desarrollo e inclusión social, entre otros. Todos ellos son ámbitos que, por su naturaleza, requieren un nivel elevado de conocimiento técnico, jurídico y político. Sin embargo, el reglamento establece que para ser asambleísta constituyente basta con haber cumplido 18 años y poseer el título de bachiller.
¿Podemos confiar en que un grupo con tan bajos requisitos formales cuente con la preparación suficiente para debatir sobre sistemas judiciales, finanzas públicas o estructuras de Estado? Reformar la Constitución no es un ejercicio de improvisación ni de entusiasmo político; es un proceso técnico, ético y de responsabilidad nacional. No se trata solo de representar, sino de comprender con profundidad los alcances de cada decisión jurídica.
A esto se suma otro elemento preocupante: la aplicación del método D’Hondt para la distribución de los asambleístas. Este sistema, ya utilizado en las elecciones nacionales, tiende a favorecer a las fuerzas políticas mayoritarias. En consecuencia, los partidos que dominaron las urnas en los últimos comicios —ADN y RC5— concentrarían nuevamente el poder político, silenciando las voces minoritarias que representan la diversidad de pensamiento del país. Una Constitución construida desde la hegemonía política pierde legitimidad y corre el riesgo de convertirse en una herramienta de poder, no en un pacto nacional.
Queremos una nueva Constitución, sí, pero no a cualquier precio ni bajo cualquier método. Los cambios profundos que el Ecuador necesita deben venir acompañados de un verdadero compromiso con la excelencia, la transparencia y la inclusión. Si el propósito es refundar la base jurídica del Estado, debemos comenzar por establecer reglas más exigentes, donde la preparación académica, la trayectoria ética y la solvencia técnica sean los pilares de la representación constituyente.
Una Constitución sólida no nace de la urgencia política, sino del conocimiento, del consenso y del compromiso con el bien común. Si realmente aspiramos a construir un país más justo y moderno, debemos exigir que quienes escriban nuestro futuro estén a la altura de ese desafío. (O)
