Gobernar no es administrar un mall
En los últimos meses, el Gobierno ha intentado justificar una serie de decisiones económicas bajo el argumento de garantizar la seguridad y estabilizar las finanzas del país. Sin embargo, la realidad cotidiana contradice esos propósitos. El aumento del IVA en tres puntos porcentuales se presentó como una medida indispensable para financiar la seguridad ciudadana, pero las calles siguen siendo inseguras y la ciudadanía no percibe resultados tangibles.
La eliminación del subsidio al diésel, planteada como una corrección necesaria, terminó afectando a los sectores más vulnerables y a las economías populares. Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado focalizar el impacto de esa medida, dejando a miles de familias soportando el alza del costo de vida sin un respaldo real del Estado.
Lejos de una estrategia coherente, el Ejecutivo ha optado por aplicar medidas parche: bonos temporales, rebajas transitorias del IVA al 8% para “dinamizar la economía” durante los feriados y anuncios que parecen más maniobras de comunicación que políticas públicas sostenibles. Esa reducción del IVA beneficia a quienes pueden salir de vacaciones, pero no a la mayoría de trabajadores que, con su décimo tercer sueldo mensualizado, apenas logra cubrir sus necesidades básicas.
Gobernar no puede reducirse a administrar un centro comercial donde se ajustan precios para estimular el consumo. El país no necesita vitrinas, necesita visión. Las políticas económicas deben fortalecer el poder adquisitivo de la ciudadanía, promover empleo digno y garantizar una distribución justa de las riquezas.
La economía no se reactiva con descuentos pasajeros ni con discursos optimistas, sino con decisiones estructurales: mejorar los salarios, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, garantizar acceso a créditos productivos y diseñar un sistema tributario progresivo en el que quienes más tienen, más aporten.
El Ecuador necesita un liderazgo que comprenda que gobernar no es vender bienestar, sino construirlo. Queremos escuchar noticias que transformen la vida de la gente: que una cita médica con un especialista se obtenga en menos de un mes, que haya medicinas en los hospitales, que se renueve la infraestructura médica y educativa, que los jóvenes especialmente de los pueblos y nacionalidades tengan asegurado un cupo en las universidades, atención agresiva para disminuir la desnutrición infantil, justicia social y políticas públicas dereparación por siglos de esclavitud, despojo y racismo, apoyo a laproducción cultural indígena y afrodescendiente.
En conclusión, las necesidades urgentes a largo plazo no se resuelven con asistencialismo, sino con justicia estructural, reconocimiento político, y autonomía cultural y territorial. Porque, al final, un país no se mide por los centros comerciales que inaugura, sino por la calidad de vida de su gente. Entiéndanlo, gobernantes: la dignidad no tiene precio.
