Poder reforzado para la paz
El anarquismo niega al Estado toda legitimidad. En su sueño comunista, Marx, por su parte, concibió una sociedad sin clases y sin Estado. Fuera de estas corrientes de pensamiento, los liberales, los conservadores y los socialistas han identificado al Estado como la expresión máxima del poder político y, con distintos matices, lo han aceptado para que cumpla sus funciones esenciales, entre ellas, la de garantizar el orden y la paz. Inclusive, el liberal Locke justificó el aparecimiento del Estado para que se encargue de proteger la propiedad privada, ante el peligro que unos ciudadanos despojen a otros de sus bienes.
Alrededor de la función esencial de garantizar el orden interno y la paz social, se ha discutido sobre la intensidad y la cobertura de la intervención del Estado, por intermedio de la fuerza pública, a fin de saber hasta dónde se puede ejercer el poder de control, vigilancia y respuesta. Se ha llegado a sostener, en este ameno debate, que el uso de armas de fuego por parte de los miembros de la fuerza pública sólo se justifica en el caso que esté en peligro una vida, especialmente la del miembro de la fuerza pública. Con este razonamiento, algunos policías ecuatorianos fueron sentenciados por haber empleado sus armas de fuego, sea para salvarse o para evitar el asesinato de un tercero. Actualmente, con el cambio de algunas normas y una mejor jurisprudencial constitucional, esa situación ha cambiado, de tal modo que el uso del arma no sea demasiado restringido.
Cuando las sociedades son islas de paz, como era el Ecuador de principios del siglo XXI, sin la presencia del crimen organizado y redes del narcotráfico, no hace falta que se refuerce el poder del Estado y, en particular, el de la fuerza pública, integrada por policías y militares. El momento en que se convierten en infiernos de violencia, el poder del Estado debe transformarse para hacer frente a una amenaza que los ciudadanos no pueden enfrentar por sí mismos. En el Ecuador de ahora, el Estado es el escudo imprescindible de los ciudadanos y la supervivencia de la institucionalidad estatal depende del éxito con el que combata a los grupos criminales.
En una reciente publicación en el prestigioso The Wall Street Journal se informa que el Ecuador es más peligroso que México. La tasa de homicidios en nuestro país está en 50 por cada 100 mil habitantes, dos veces la de México. En el 2018, la tasa de homicidios era de 6 por cada 100.000 en Ecuador. Con estas cifras, la leyes promovidas por el Gobierno, objeto de múltiples acciones de inconstitucionalidad, no deben ser vaciadas en su contenido. Son herramientas para asegurar el orden interno y la paz ciudadana. (O)
