2025 hacia una recuperación económica moderada
En 2025, la economía de Ecuador enfrenta un contexto de moderada recuperación, aunque con múltiples retos estructurales heredados. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) muestra una leve mejora tras un 2024 complicado. La inflación permanece baja gracias al régimen de dolarización, pero esa misma dolarización ciertamente limita herramientas de política monetaria. El déficit fiscal y la deuda pública siguen siendo focos de atención, junto a la necesidad de diversificar la economía y reducir vulnerabilidades externas.
El Banco Mundial estima un crecimiento aproximado del 2.3 % en 2025, luego de una caída en 2024. La recuperación se apoya en la mejora del suministro energético y en la estabilidad del consumo interno, aunque persisten limitaciones como la alta informalidad laboral y la dependencia de los ingresos petroleros. Varias fuentes proyectan un crecimiento entre 2 % y 3 %, condicionado por la inversión y la diversificación productiva.
Nuevamente la dolarización nos ayuda, Ecuador mantiene una inflación baja y estable, cercana al 1 %. Sin embargo, el país carece de herramientas de política monetaria propias, lo que lo hace dependiente de la disciplina fiscal y de las condiciones externas.
El déficit fiscal ha sido un problema estructural. En 2025 podría situarse en torno al 0.7 % del PIB, con una deuda pública agregada (total de las obligaciones financieras que mantiene el país con acreedores internos y externos, se estima en alrededor de US$ 83 mil millones. El reto radica en sostener reformas que amplíen la base tributaria y reduzcan los subsidios, sin afectar la cohesión social.
Ecuador transita en 2025 hacia una recuperación económica moderada. El país cuenta con estabilidad monetaria y una deuda controlada, pero requiere de reformas profundas para alcanzar un crecimiento sostenido. El futuro económico dependerá de la capacidad de impulsar productividad, inclusión y diversificación en elm arco de un entorno global desafiante.
Sin embargo, un paro nacional prolongado podría afectar significativamente la economía al interrumpir la producción, el transporte y las exportaciones, reduciendo el ingreso fiscal y la confianza inversionista. Los sectores más golpeados serían el comercio, el turismo y la agricultura. Por otro lado, una nueva Constitución podría contribuir positivamente si establece un marco institucional que promueva la estabilidad política, la seguridad jurídica, la inversión privada y la equidad social. Reformas orientadas a fortalecer la transparencia, la independencia judicial, la eficiencia administrativa y los derechos económicos podrían crear un ambiente propicio para el desarrollo sostenible y la innovación productiva. (O)
