Un supuesto guerrillero abatido en Venezuela

Editoriales, Opinión

Por: Fausto A. Díaz López

Óscar Pérez, el presunto “terrorista” abatido el 15 de enero de 2018 por paramilitares y fuerzas policiales, convertidos en cuerpos de seguridad del Estado; fue un importante funcionario policial, integrante del “Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en donde ejerció funciones de alta responsabilidad, tales como: “piloto, buzo, Operador Táctico de la Brigada de Acciones Especiales (PAE) a cuyo desempeño se dedicó por más de 15 años, sin falta alguna”.

Al mismo tiempo fue: “Jefe de Operaciones en la División Aérea”. En el 2015 demostró sus cualidades de actor al participar en la película venezolana “Muerte Suspendida”, cuyo filme de carácter policial “relata el secuestro ocurrido en el 2013 en Caracas y la tortura sufrida de un comerciante portugués que es liberado luego de 11 meses, por integrantes de la División Nacional Antiextorsión y Secuestro del CICPC”.

Este hombre calificado de terrorista “tuvo una faceta de filantropía, testimoniada a través de la creación de una fundación llamada GV33 Moral y Luces que realizaba donaciones, de medicamentos a niños con enfermedades oncológicas, alimentos y material educativo para escuelas; y, asistencia a personas de la tercera edad en situación de calle”. Fue casado con Daniela Vivas con la cual tuvo tres hijos, quienes residen en Hermosilla – Estado de Sonora – México, desde el 2017.

Las cualidades de valor e intrepidez demostrados en la función que desempeñó y su personalidad sensible hacia los grupos humanos que viven en la indigencia y que por su condición de pobreza, sufren la arremetida de las miserias humanas, no encajan para rotular a Óscar Pérez como: “criminal o terrorista”. Lo sucedido posiblemente se debe a una reacción del civismo inculcado en su formación profesional; y, que al ver a su patria reducida a la condición de miseria por el manejo dogmático, tipo cubano, rompe lanzas contra la gavilla de aprovechadores, enquistados en el poder, que han conducido a su país al descalabro económico, social, político y anímico en el cual prima la arbitrariedad y el desgobierno.

El concierto de naciones, califican este hecho de “asesinato político o ajusticiamiento extrajudicial”. La suma de irregularidades cometidas, conducen a calificar de homicidio dirigido a personas que se habían rendido y demandaban entregarse a la justicia venezolana, para que sea juzgada su actuación. Los cuerpos de seguridad que les rodearon, dispararon hasta darles muerte. Quienes luchan por un cambio de gobierno, sufren persecución, prisión y muerte. Con este hecho han perdido a ocho compatriotas que ofrendaron su vida para conseguir la liberación de su terruño que está en manos de felones, que sólo desean tener al país llanero bajo sus botas. (O)

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